Piden atención a la crisis agraria de Guatemala
GUATEMALA (ACAN-EFE). —La denominada Plataforma Agraria (PA), una alianza multisectorial integrada para fortalecer el movimiento campesino, pidió a los candidatos presidenciales comprometerse con la solución de la crisis en el agro, que afecta a unos 300 mil guatemaltecos.
Un dirigente de PA, Miguel Angel Sandoval, explicó a la prensa que han planteado cinco demandas a los candidatos Oscar Berger y Alvaro Colom, quienes el próximo 28 de diciembre se disputarán la Presidencia de la república en una segunda vuelta electoral.
Según Sandoval, tanto Berger, de la derechista Gran Alianza Nacional (GANA), como Colom, de la izquierdista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se han comprometido a atender las peticiones.
Una de ellas consiste en la aprobación de 928 millones de quetzales (unos 116 millones de dólares) en los primeros cien días del próximo gobierno.
Los recursos serán destinados para otorgar asistencia alimentaria a 100 mil familias, subsidio para arrendamiento de tierras para 50 mil y programas productivos.
El dirigente dijo que la crisis cafetalera que afecta al país desde 2001, provocó el desempleo de 300 mil campesinos, pérdidas por unos 500 millones de dólares, y unas 900 fincas que se cultivaban con este grano quedaron abandonadas.
Las demandas para el próximo gobierno que debe asumir el poder el 14 de enero del 2004 para un periodo de cuatro años, también incluye la expropiación de fincas ociosas y la solución de al menos 44 conflictos agrarios y laborales.
El dirigente campesino Josué Hernández explicó a ACAN-EFE que 125 familias llevan 11 años con un conflicto laboral en una finca privada del occidente del país sin que los patronos atiendan las demandas.
Según Hernández, la deuda laboral para los trabajadores asciende a 1.16 millones de quetzales (145 mil 750 dólares), pero los patronos solo les ofrecieron 85 mil quetzales (10 mil 625 dólares) que las familias rechazaron y decidieron ocuparla el pasado 24 de noviembre.
"Ahora ya no queremos el dinero, queremos que se embargue la finca y que nos la entreguen", expresó.
La PA también plantea la aplicación de un impuesto sobre tierras ociosas que obligue a los propietarios de grandes extensiones a hacerlas productivas, ya sea generando empleos o trasladando dichas propiedades a los campesinos.
"Las grandes zonas cafetaleras han significado explotación y pobreza para la población trabajadora", sostiene la alianza, que aglutina a dirigentes campesinos, activistas humanitarios, sindicales y sociales.
El pasado 28 de noviembre, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, recomendó al Estado de Guatemala implementar los acuerdos de paz firmados en 1996, sobre todo los que se refieren a la situación agraria.
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