Panamá, 26 de noviembre de 2003
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Madres entregarán armas de sus hijos

Hoy las madres se presentarán con sus hijos ante la Policía para entregar las armas como una forma de enfrentar la violencia

URANIA CECILIA MOLINA
planas@prensa.com

Especial para La Prensa/Urania Cecilia Molina
Moradores de la comunidad de El Chumical y El Valle del Sol, en Arraiján, cerraron ayer la calle que conduce al Puerto de Vacamonte para demandar seguridad de las autoridades.
Las madres de los pandilleros de las comunidades El Valle del Sol y El Chumical, del corregimiento Vista Alegre, se comprometieron ayer con las autoridades administrativas y policiales del distrito de Arraiján a entregar las armas que tienen sus hijos, para terminar con la ola de violencia que los azota.

El compromiso establece que hoy a las 8:00 a.m., junto a sus hijos, se presentarán a un anexo de la escuela de la comunidad para entregar a las unidades de la Policía Nacional (PN) las armas.

La entrega no está sujeta a la detención de los que las portan, pese a que todas son “ilegales” y se usan para cometer actos delictivos.

El acuerdo se logró tras una reunión que sostuvieron el jefe de la PN y el alcalde del distrito de Arraiján, Víctor Casanova y Jaime Barroso, respectivamente, con un grupo de moradores que cerró la calle que conduce al Puerto de Vacamonte para demandar seguridad y exigir la construcción de una estación de policía.

Moradores cierran la calle

Salomón Espinosa, miembro de la comunidad, indicó que están cansados de los enfrentamientos con armas de fuego que a diario se producen en las comunidades de El Chumical, Brisas del Chumical, El Valle del Sol y Sol Naciente.

Espinosa, quien formaba parte de un grupo de 40 personas que cerró la calle con rumbo al Puerto de Vacamonte, para demandar una respuesta de la PN, señaló que ya no saben qué hacer ni a quién acudir para solucionar el problema.

“Las balaceras no tienen horas, se puede estar en medio de una a las 6:00 a.m. como a las 9:00 p.m.”, enfatizó.

Informó que varias casas de las personas que viven en El Valle de Arraiján y en El Chumical se encuentran llenas de casquillos y orificios abiertos por las balas que impactaron en el lugar.

Por su lado, Luisa Quezada, moradora de la comunidad y presidenta ejecutiva de la juventud y la familia, aseguró que no se trata de una guerra entre pandillas, sino de hombres de varias comunidades que tienen armas y mantienen rencillas entre sí.

María Jaén, presidenta de la Junta Local de la comunidad El Valle del Sol, dijo que antes de cerrar la calle buscaron una solución al problema, pero no encontraron respuesta.

Problema de la comunidad y no de las propias autoridades.

Cuando la reunión terminó, tanto Casanova como Barroso concluyeron que el problema no lo crearon las autoridades, sino la propia comunidad.

Los funcionarios manifestaron que actuarán como mediadores, pero son las madres de los pandilleros las que tienen en sus manos la solución.

Ellas saben quiénes son y dónde esconden las armas -precisó- y por eso se les pidió que hoy llevaran a sus hijos a entregar las armas que poseen.

También dijeron que cuando los pandilleros entreguen las armas se les buscará otras actividades para que puedan ocupar su tiempo de forma productiva y alejados del delito.

Balaceras y robo a la orden del día

Según los pobladores de El Chumical no solo las balaceras sino los robos se cometen a todas las horas del día.

Una indígena kuna, que tiene un local comercial en una comunidad formada por migrantes de la isla y quien por temor ocultó su nombre, aseguró que los pandilleros le roban a toda hora del día.

Dijo que no solo roban a sus negocios, sino a los carros repartidores, a los miembros de la comunidad que en la madrugada tienen que salir para sus trabajos y hasta el dinero que le dan a sus hijos para las meriendas.

Explicó que viven todo el día con miedo, desconfiados y temerosos por sus vidas, porque los amenazan con matarlos si los acusan con las autoridades.

Los moradores de El Chumical y El Valle del Sol que protestaron por la falta de seguridad creen que una estación de la PN sería la solución, pero las autoridades consideran que el remedio está en la capacidad que tenga cada madre de familia para convencer a sus hijos y obligarlos a entregar las armas.


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