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ONG que trabajan en Darién rechazan acusaciones de Escalona
JOSE QUINTERO DE LEON
jquintero@prensa.com
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LA PRENSA/Archivo
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Desde hace varios años, el capítulo de Panamá de ARMIF tiene en el área de Darién
un local para atender a los desplazados. |
Las organizaciones de derechos humanos que laboran en la frontera darienita reaccionaron con dureza a las declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, quien las acusó –sin excepción– de irrespetar a las autoridades panameñas y de propagar mentiras sobre la situación del Darién en el extranjero.
Escalona, en gira por Chitré, condenó la actuación de estas organizaciones por su supuesto irrespeto a la ley y por sembrar la incertidumbre en la provincia más marginada del país.
Ricardo Castillo, abogado y operador humanitario por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, puntualizó que estas organizaciones están para vigilar la aplicación y cumplimiento de las normativas de derechos humanos en esa área.
“Cuando los funcionarios violan estas normas, estamos nosotros para llamarles la atención”, dijo, agregando que esto es lo que no les ha gustado, mucho menos que estemos vigilándolos en sitios sensitivos.
Como ejemplo, habló de Pinogana, donde asegura, la que manda es la policía por encima de las autoridades civiles, y son quienes entran a las casas sin autorización, se llevan a la gente de forma arbitraria y no permiten la reunificación de familias.
A su vez, Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos en Panamá, sostuvo que las declaraciones de Escalona no solo están fuera de lugar, sino que son irrespetuosas y calumniosas.
Expresó que las ONG tienen un compromiso y un estatus con la defensa de los derechos humanos. Por ello, reiteró, no fomentan la violencia, ni la desestabilización en la frontera con Colombia, ni promueven que ingresen grupos armados.
Le recordó a Escalona que es un hecho que muchas familias colombianas tienen sus vida en peligro por el conflicto armado y su venida a Panamá responde a esa situación.
En ese contexto, Panamá tiene el deber constitucional de proteger a todos los que residan o se encuentren en su territorio, y las ONG colaboran en ese sentido.
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