Contralor Weeden remite 63 pruebas a la Procuraduría
Rafael Perez G.
rperez@prensa.com
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Alvin Weeden
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Un cúmulo de 63 pruebas autenticadas remitió el contralor general de la República, Alvin Weeden, a la Procuraduría General de la Nación relacionadas con las diligencias que esa entidad de cuentas lleva a cabo en torno a los pagos efectuados a la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) y en las que presuntamente hubo lesión patrimonial.
Weeden respondió de esta manera a la solicitud que la procuradora encargada Mercedes Araúz de Grimaldo le hizo en torno a esas investigaciones.
Una fuente de la Contraloría informó que el contralor remitió a finales de la semana pasada copias autenticadas de parte de los documentos y diligencias adelantadas por ese despacho.
La misma fuente indicó que una vez se culmine con el informe de auditoría preliminar, que incluye un análisis jurídico contable exhaustivo, también será remitido a la Procuraduría. Ello, advirtió la fuente, sin perjuicio de que en la medida en que se encuentren dentro de las investigaciones nuevos hallazgos y pruebas se los harán llegar a ese despacho de instrucción sumarial.
Entre los documentos remitidos figuran cheques girados a los accionistas de PECC y análisis de pagos de dividendos de la empresa, según estados de cuentas bancarios.
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) ordenó la cautelación de bienes, entre otros, de los jerarcas de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), hoy Autoridad Marítima de Panamá, de ese entonces, Hugo Torrijos y Rubén Reyna, quienes en febrero de 1997 dieron en concesión, sin trámite de licitación pública, el mantenimiento de faros y boyas.
Similar medida se ejecutó en contra de los bienes del ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares. Todos ellos han negado los cargos.
Torrijos Richa firmó una resolución el 6 de febrero de 1997 en la que otorga
permiso de concesión a PECC para establecer y dar mantenimiento a un sistema
de ayudas a la navegación que estén o que estarán a cargo de la APN. Posteriormente,
Torrijos Richa firmó con la misma empresa un contrato de concesión de 20 años
prorrogables por un período igual, en la que la empresa se comprometía a prestar
los mismos servicios. En junio de 2002, la Contraloría demandó esos
actos.
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