Sugieren Junta de Apelación en la Carrera Administrativa
Los funcionarios destituidos deben tener una instancia donde reclamar, dice la procuradora Fletcher
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, afirmó ayer que previo a ofrecer estabilidad a los funcionarios públicos, la Dirección de Carrera Administrativa primero debe establecer la Junta de Apelaciones, para atender los miles de reclamos y destituciones que se han presentado desde que ascendió este gobierno.
“Hago un llamado para que se cumpla con establecer esa estructura [la Junta de Apelación], que desde hace mucho tiempo se requiere completar en la Dirección de Carrera Administrativa”, sostuvo la procuradora.
Fletcher dijo que hay una gran cantidad de recursos que se han interpuesto contra resoluciones que afectan a personas ya acreditadas en este sistema de méritos.
La funcionaria manifestó que se debe hacer un esfuerzo por acreditar a los funcionarios que se considera pueden incorporarse a la Carrera Administrativa.
Según cifras de la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (FENASEP), hay más de 2 mil funcionarios acreditados en la Carrera Administrativa que han sido destituidos y que reclaman reintegros, indemnizaciones y pago de costas procesales.
Al momento, los reclamos no han podido ser resueltos porque hace falta crear la Junta de Apelación en la Dirección de Carrera Administrativa.
De llegar a cumplirse con las demandas de los funcionarios públicos, el Estado tendría que pagar en concepto de indemnizaciones laborales más de cinco millones de dólares.
La procuradora de la Administración exhortó a la Dirección de Carrera Administrativa a que las acreditaciones se hagan de la mejor forma, para que luego los funcionarios no se vean en la obligación de demandar al Estado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Montenegro recordó que en el pasado gobierno muchos casos fueron a parar a la Corte Suprema de Justicia, porque se violaron algunos procedimientos y ahora la Sala Tercera está ordenando la incorporación de muchos funcionarios destituidos ilegalmente.
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