En el tema de la carrera administrativa, el país lamentablemente ha retrocedido en las últimas cuatro décadas gracias al golpe de Estado de 1968, cuando los militares la eliminaron de un solo tajo. En su reemplazo, instalaron un sistema basado en el amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo, no respetando con ello ni los años de antigüedad, ni la experiencia o los conocimientos de los funcionarios; simplemente se usaba como tarjeta de presentación la de quien le refería o de parte de quién era recomendado. Como resultado de este exabrupto, no existe hoy una carrera administrativa ni una ley general de sueldos que apoye el funcionamiento de las instituciones, y los intentos que se han hecho por producir una ley de tal naturaleza han sido muy tibios. Es un craso error que el gobierno de turno pretenda utilizar el manto de la carrera administrativa con el fin de perpetuar en el sistema a adherentes políticos que se benefician de la ubre estatal. Sería oportuno aprender de la experiencia de la Autoridad del Canal de Panamá, donde cada posición está clasificada por sistema de méritos y concursos, y nadie es favorecido de a dedo ni hay botellas. Así se garantiza la profesionalización del Estado y la eficiencia gubernamental. Es una canallada que cada cinco años, cuando se avecina un torneo electoral, los gobiernos inventan, con la excusa de otorgar estabilidad, poner en ejecución la carrera administrativa, cuando en la realidad no existe tal intención y quienes dicen defenderla han olvidado la historia. ¡Dios guarde a los funcionarios públicos!