Pérez B. es un corrupto:Weeden
El contralor también cataloga de corruptos a Hugo Torrijos y a Rubén Reyna
RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com
La concesión dada a la empresa Ports Engineering and Consultants Corp., S.A (PECC) –responsable desde 1997 del mantenimiento de faros y boyas– fue un acto de corrupción debidamente planificado a fin de obtener provecho ilícito en beneficio de funcionarios de la antigua Autoridad Portuaria Nacional (APN) con la participación del entonces presidente de la República Ernesto Pérez Balladares.
En esos términos se refirió el contralor general de la República, Alvin Weeden, en la sustentación de nuevas pruebas que aportó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de nulidad interpuesto en contra de la referida concesión.
Para ocultar la verdadera naturaleza de la concesión en favor de PECC, dijo Weeden, lo que existe en el fondo es un “acto de corrupción debidamente planificado y doloso” para apropiarse de recursos de la APN, hoy Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Se utilizaron “mecanismos fraudulentos” sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, afirmó.
Todo ello, según el contralor, con la finalidad de “obtener provecho ilícito para ex funcionarios de la APN, como lo son Hugo Torrijos Richa, Miguel Ulloa, Rubén Reyna, entre otros, con la participación del Ejecutivo, del Dr. Ernesto Pérez Balladares, presidente de la República”.
Torrijos, ex director de la APN, ha reclamado su inocencia. Reyna, quien a la sazón fungía como subdirector de la APN, ha hecho lo propio. Miguel Ulloa fungió como jefe de ingeniería de la APN hasta enero de 1997. Tras la concesión dada en febrero del mismo año, pasó a la gerencia general de PECC y aparecía como directivo de la sociedad.
También en esa conspiración, según Weeden, participaron activamente Charles Jumet, presidente del PECC, y John W. Warwick.
Pérez Balladares, por su parte, ha reclamado su inocencia y asegura no mantener ninguna vinculación accionaria con la empresa beneficiada con la concesión dada durante su gobierno.
Weeden, no obstante, le indica a los magistrados, que solo encuentra explicación en una operación de manejo con tanta violación a requisitos y procedimientos si en ellas estaban también presentes las fuerzas y los conflictos de intereses del Ejecutivo para que tales actos se concretaran.
Fuentes allegadas a la Sala Tercera aseguran que en la actualidad se evalúa la solicitud de suspensión provisional del contrato en referencia.
(Vea 6A)
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