Fiscalías anticorrupción no atienden grandes casos
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
De los 110 grandes casos presentados en las fiscalías anticorrupción entre 1997 y el 2002, 95 ni siquiera fueron investigados por el Ministerio Público. De los fallados por tribunales, solo hubo tres condenas y una sanción carcelaria. Así lo reveló el periodista Rafael Pérez Jaramillo, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La fiscal anticorrupción, Cecilia López, se quejó en un programa televisivo de la falta de voluntad del Organo Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
Afirmó que ha investigado a funcionarios de mediano perfil, pero la situación cambia de inmediato cuando las diligencias apuntan hacia servidores de alto perfil.
Ayer se intentó sin éxito contactar a la fiscal López para que comentase los resultados de la investigación de Pérez Jaramillo.
Los tres casos en los que se registraron fallos condenatorios son: el del desfalco millonario contra el Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS); el de corrupción de funcionarios en la Policía Técnica Judicial (PTJ) y el de los sobornos a funcionarios del MICI por parte de la empresa estadounidense Saybolt Inc.
Hubo una sanción carcelaria —por cinco años aproximadamente— contra la ex oficial de cuentas de Banaico Irasema Subía, involucrada en el manejo de las cuentas del presunto narcotraficante colombiano José Castrillón Henao. El juicio de Banaico ya se realizó y aún se está a la espera de la sentencia.
La investigación fue presentada por Pérez Jaramillo durante una exposición en un foro sobre libertad de prensa en Panamá entre jueces, magistrados y periodistas, organizado el viernes pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Esto es lo más próximo estadísticamente hablando que hemos podido llegar a examinar la situación de impunidad en Panamá”, explicó el periodista.
Criticó la pobre organización de la información estadística en el Ministerio Público.
La investigación de Pérez es parte del informe “Indice de Impunidad”, instrumento para medir la corrupción, que resulta complementario al conocido índice de percepción de corrupción, implementado por Transparencia Internacional.
Pérez destacó que el diluvio de la corrupción que se precipita hoy sobre Panamá se debe en gran medida a las marcadas dificultades de acceder a información.
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