Parlamentando
LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com
En mi última columna arremetí contra tres legisladores –Miguel Bush, Wigberto Quintero y Francisco Ameglio– por haber propiciado el cambio de la Ley 21 de 1997 que establece las categorías de usos de suelo en el corredor transístmico. Mi crítica se basó y aún se basa, en que se trata de una típica medida electorera para satisfacer el reclamo de los posibles votantes del área, sin tener en cuenta el problema medioambiental de fondo.
Debo claramente ahora excluir al legislador Ameglio de esa crítica, ya que si bien propició en su momento (octubre del 2002) un proyecto para modificar la Ley 21 (de allí mi mención), su motivación fue justamente el grave problema de contaminación del área producido por la ausencia de reglamentaciones de desarrollo urbano.
Según detalla la exposición de motivos del proyecto Ameglio, “estudios técnicos y científicos desarrollados entre 1996 y 2000, por el Programa de Monitoreo de la Cuenca del Canal identificaron áreas del Corredor Transístmico, específicamente en las cuencas de los ríos Chilibre, Chilibrillo y Gatuncillo, como zonas críticas de deterioro ambiental y como una de las áreas de mayor aportación de contaminantes a la Cuenca del Canal de Panamá, poniendo en riesgo la disponibilidad de las fuentes de agua superficiales y subterráneas....”. Y añadía como sustento a su proyecto, “se hace necesario y urgente contar con un instrumento jurídico que regule la dinámica de ocupación y desarrollo urbano incontrolado a lo largo del Corredor Transístmico, que ha causado un deterioro de la calidad del ambiente y la contaminación de los cuerpos de agua que drenan a la Cuenca del Canal de Panamá, a través de una propuesta de zonificación”.
El proyecto Ameglio, que lamentablemente se quedó en la gatera, prohibía cualquier nueva actividad extractiva, industrial y agroindustrial en las cuencas de los ríos Chilibre, Chilibrillo y Gatuncillo.
A la propuesta de Ameglio se sumaron luego los proyectos de Bush y Quintero, que pretendían permitir todo tipo de actividades en el área. Luego vino el trabajo de los técnicos del Canal y de la ARI, que dieron como resultado la ley aprobada. Las preocupaciones medioambientales expresadas en la exposición de motivos del proyecto Ameglio desaparecieron para dar paso a razones sociales que guardan relación con la titulación de tierras (y los consecuentes votos). Y peor aún, se extendió el término para reconocer los asentamientos humanos ubicados en el lugar hasta diciembre del 2002 (los técnicos habían establecido 1997 como fecha límite).
En fin, otro triunfo de la demagogia y la evidencia de la falta de políticos con visual y amor a la patria. ¡Feliz Centenario!
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