La información de que una veintena de trabajadores de la Autoridad del Canal (ACP) conocidos como pasacables fueron detenidos y puestos bajo investigación de las autoridades correspondientes por el supuesto tráfico de siete kilos de cocaína, es un hecho que llama a la reflexión, por tratarse de un precedente penoso para la operación del Canal de Panamá. Es la primera vez en la historia de la vía acuática que se da este tipo de situaciones, y aunque pudiera tratarse de un incidente aislado merece la mayor atención por parte de las instituciones respectivas. Independientemente del hecho, es digno de reconocer que las unidades de la División de Protección de la ACP actuaron correctamente. Es evidente que si no se detectan y corrigen estas irregularidades, pudiera mancharse el perfil de orgullo con que la ACP viene realizando sus funciones, por lo que hay que evitar que manzanas podridas dañen este esfuerzo. También pone en relieve la excelente coordinación que debe existir entre los estamentos de seguridad, que están obligados a velar para salvaguardar los intereses nacionales y garantizar que el funcionamiento del Canal quede al margen de las politiquerías pueriles y lejos del contagio del flagelo del narcotráfico y el terrorismo. Por todo esto, las investigaciones para esclarecer los hechos deben llevarse hasta las últimas consecuencias.