Martín Torrijos y la Policía Nacional
Guillermo A. Cochez
gcochez@cableonda.net
Algunos se han horrorizado por las declaraciones de Martín Torrijos cuando presentó su plan de seguridad nacional e indicó que no veía mal que la Policía Nacional pudiese tener un jefe civil o militar. Para esos ha regresado el monstruo del militarismo, que con sus actitudes al frente del gobierno en poco se diferencian de aquellas que en 1968 originaron el golpe de Estado y que, con sus acciones irresponsables e incapaces al frente de temas tan sensitivos como el de la seguridad pública, hacen pensar que han sido un rotundo fracaso en el proceso de consolidación democrática que ahora dicen está siendo amenazado por las propuestas honestas y francas del candidato Torrijos.
Lo que Martín Torrijos expresó en su plan es el esfuerzo de un grupo de personas, conocedoras del tema, partidarias e independientes, que siente que la seguridad es un asunto de vital importancia porque la inseguridad está afectando hasta al más humilde de los panameños. Lo primero que hay que hacer, y hay que decirlo así, es poner al frente de la Policía a personas preparadas, competentes y serias que levanten la autoestima de los miembros de la entidad y le brinden a la ciudadanía la tranquilidad que hoy no tiene.
El Artículo 305 de la Constitución Nacional, como se reformó en 1994, señala que “la república de Panamá no tendrá ejército”. Nos dice que “El presidente de la República es el jefe de todos los servicios de la Fuerza Pública” y que tales servicios “como agentes de la autoridad estarán subordinados al poder civil; por tanto acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en ejercicio de sus funciones legales”. Más adelante, el Artículo 306 nos indica que “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva, ni tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión de voto”, agregando como sanción que su desacato “será sancionado con la destitución inmediata del cargo”. Estas nuevas normas constitucionales fueron aprobadas por dos asambleas. Una, dentro del gobierno de Endara, y la otra, bajo el gobierno de Pérez Balladares.
Desde que en septiembre 1990 se nombró al abogado Ebrahim Asvat, primer civil jefe de la policía en 50 años, esta ha tenido cinco diferentes directores. A Asvat lo reemplazó en abril de 1991 el también abogado Gonzalo Menéndez Franco (q.e.p.d.), a quien hubo que reemplazar en septiembre del 91, tras denuncia que presenté en la Asamblea Legislativa en donde pedimos un voto de censura al ministro de Gobierno y Justicia, Juan Chevalier (José Miguel Alemán era su viceministro) al comprobarse que el jefe policial había asistido a un acto político del Partido Arnulfista, hecho prohibido por la ley; renunció al cargo antes de que fuera destituido por el procurador Rogelio Cruz. Fue reemplazado por el abogado y ex magistrado Oswaldo Fernández, quien era el director de la PTJ, y quien permaneció en el cargo hasta diciembre de 1995, sirviendo en la posición el resto del gobierno de Endara y parte del de Pérez Balladares. Fue sucedido por José Luis Sosa, cubano de nacimiento, ex combatiente de Bahía Cochinos, quien por las disposiciones legales vigentes en ese momento no podía ejercer el cargo por no ser nacido en Panamá, pero era amigo íntimo del presidente Pérez Balladares. El actual gobierno nombró a Carlos Barés Weeden, quien fue conductor y guardaespaldas del doctor Arnulfo Arias a su regreso del exilio en 1978, durante el gobierno de Endara fue director del SPI, y al final de este, simultáneamente, fue viceministro de la Presidencia, hecho que prohibía la ley vigente.
Desde que fue nombrado Sosa hasta el presente se ha dicho que los ministros de Gobierno solo atienden la Banda Republicana, los bomberos, los correos y las cárceles, ya que lo relacionado con la policía se maneja directamente en la Presidencia. Para nadie es un secreto que Raúl Montenegro no mandaba en la policía ni que Winston Spadafora no se hablara siquiera con Barés. Esa realidad ha producido descontrol en la institución, falta de moral, falta de liderazgo, desánimo y total incompetencia para cumplir con las funciones que le asigna la ley.
La propuesta de Martín Torrijos se adapta a los tiempos que vivimos. Hace 13 años se vetó que los oficiales pudiesen acceder a ser jefes de la Policía, justamente para evitar que los que aún quedaban de la dictadura pudiesen tratar de transformar la institución a lo que era antes, tal como lo intentó Eduardo Herrera. Pasado ese tiempo, hay una nueva generación de oficiales formada con valores democráticos y respetuosa de los derechos humanos. No aceptar que estamos en esta materia en un nuevo estadio de nuestra democracia, equivaldría a sentirnos como un fracaso por no haber sido capaces de preparar esa nueva generación en los esos valores cívicos y democráticos, y que hacen que en países como Estados Unidos, Colombia y México, por mencionar algunos, tengan expertos y técnicos al frente del problemático tema de la seguridad ciudadana.
El autor es miembro de la Comisión Política del Partido Popular
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