Central de Fianzas pide sustituir garantías emitidas
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
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Alvin Weeden
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Primero fue la orden a los jefes de todas las oficinas públicas para que no admitieran fianzas de seguros emitidas por la empresa Central de Fianzas.
Ahora el contralor general de la República, Alvin Weeden, giró una orden a los mismos destinatarios, pero en esta oportunidad les advierte sobre la urgencia de sustituir las fianzas emitidas y consignadas por la referida empresa debido a que no representan una “adecuada garantía” para asegurar el cumplimiento de obligaciones con el Estado.
La orden deberá ser acatada por los ministros, directores y gerentes de entidades públicas, titulares administrativos de los Organos Judicial y Legislativo, procuradores, gobernadores, alcaldes, representantes de corregimientos y, en general, “toda persona que maneje fondos o bienes públicos”.
Tal decisión la adoptó, según el contralor Weeden, porque Central de Fianzas, S.A. mantiene un margen de “solvencia y liquidez negativo”, debido a que a la fecha no ha corregido su “patrimonio técnico ajustado” de acuerdo con información proporcionada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Y no sólo eso. Central de Fianzas, S.A. dirigió una carta al Tribunal Marítimo de Panamá en la que le pide que ordene a los afianzados que reemplacen las mencionadas garantías con la finalidad de que el proceso resulte ilusorio.
“...nuestra empresa no está en capacidad de honrar compromisos adquiridos ante vuestro tribunal a partir de la fecha...” se anota en una de las cartas que Central de Fianzas dirigió a Gisela Agurto, jueza segunda del Tribunal Marítimo, fechada el 10 de septiembre de 2003.
Central de Fianzas, dijo, siempre honró todos sus compromisos, pero el impedimento de emitir fianza por motivos ya conocidos “nos obliga a tomar esta decisión”.
En la carta, Eni de Garrido, gerente general de Central de Fianzas, se refería a la circular del pasado 7 de abril emitida por el contralor Weeden en la que ordenaba a los jefes de todas las oficinas públicas que rechacen las fianzas de seguro emitidas por la mencionada empresa.
Irónicamente, Arturo Garrido, representante legal de Central de Fianzas, había querellado por calumnia e injuria a Weeden y a Lorena Broce, superintendente de Seguros y Reaseguros, por haber manifestado públicamente que Central de Fianzas tenía problemas de solvencia y liquidez.
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