Más demandas contra 'camino ecológico'
El fiscal Giovanni Olmos presentó dos demandas de nulidad contra las resoluciones de Gabinete que permiten construir la vía
JOSE ARCIA
jarcia@prensa.com
El Ministerio Público volvió a interponer dos demandas de nulidad en contra dos resoluciones de Gabinete que permiten la construcción de una carretera que comunicará las poblaciones de Boquete y Cerro Punta en la provincia de Chiriquí, y que atravesará el corazón de un área protegida.
Las acciones, presentadas por Giovanni Olmos, fiscal especializado en delitos ecológicos, atacan, por ilegal, la resolución de Gabinete N° 123 de 4 de diciembre de 2002, que exceptúa al Ministerio de Obras Públicas (MOP) del requisito de selección de contratista y se le autoriza a contratar directamente a la empresa CUSA, para diseñar, financiar y construir el aludido proyecto.
Así mismo, el fiscal Olmos demandó la nulidad de la resolución de Gabinete N° 10 de 29 de enero de 2003, en la que se dio “concepto favorable” al contrato por celebrarse entre el MOP y CUSA para el diseño, financiamiento, estudio de impacto ambiental (EIA) y construcción del camino ecológico por un monto de 4.6 millones dólares. Las demandas contencioso-administrativas de nulidad fueron presentadas ayer, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Adán Arjona, Winston Spadafora y Arturo Hoyos.
La primera acción legal interpuesta por Olmos en contra de los citados decretos no fue admitida por la Corte al considerar que existían errores técnicos de presentación que ahora –según el funcionario– han sido corregidos.
En la sustentación de la demanda, Olmos sostiene que la construcción de esta carretera originaría impactos negativos a los factores bióticos y abióticos por lo que se deben tomar medidas “inaplazables” y con carácter de urgencia como es la suspensión provisional del decreto.
El fiscal cuestionó la actitud del Gobierno de no tomar en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental como requisito para autorizar la construcción de la carretera.
La polémica vía ha sido repudiada en gran parte por la sociedad civil y por organizaciones conservacionistas, pero el Gobierno ha desoído estas protestas y pretende construirlo en breve.
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