¿Qué es lo que pasa aquí, ah?
Rafael Pérez Ferrari
rperez@sinfo.net
1. El 22 de septiembre de 2003, la presidenta Mireya Moscoso y el ministro Fernando Gracia publicaron en el diario La Prensa (como aviso pagado No. 333192), una Declaración del Organo Ejecutivo ante la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos del Sector Salud (CONAGREPROTSA) y la AMOACSS en el que “rechazan cualquier otro anteproyecto de Ley General de Salud*” y se comprometen a “devolver al diálogo el anteproyecto de Ley de Certificación y Recertificación... hasta que este diálogo haya concluido”. Vale la pena recordar que el “diálogo” ya concluyó y el Organo Ejecutivo instaló ahora, la “mesa de trabajo”.
2. Según noticia publicada el 25 de septiembre del 2003, en El Siglo, bajo la responsabilidad de Elio Núñez, Mariano Mena “reafirmó que ese anteproyecto de ley* que han planteado los gremios sindicales, lleva fecha de revisión del 26 de diciembre del 2002 y, por ende,... sí fue elaborado por el Gobierno Central”.
3. Ese mismo día, añade la noticia, “Jované presentó documentación de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, firmado en septiembre del 2001, en el que se detalla que parte del sistema de salud básico se va a manejar con organizaciones no gubernamentales, lo que traducido quiere decir el sector privado, las que podrían hacer uso de los 24.8 millones de dólares de la institución”.
4. En noticia publicada ese mismo día, pero en La Prensa, Hermes Sucre Serrano afirma que Fernando Gracia, durante la conferencia de prensa que brindó en la Presidencia de la República, “anunció que el ministerio hará un préstamo de 70 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de transformación del sistema de salud que beneficiará a 460 mil panameños que viven en pobreza y en pobreza extrema”.
5. De acuerdo con un documento (sin firma aún) que se titula “Programa multifásico para transformar el sector salud, entre el BID y el MINSA”, habrá un convenio entre ambos que costará 140 millones de dólares y se compondrá de dos fases.
6. Entre sus propósitos está el de “aumentar la capacidad del MINSA para actuar como cuerpo gobernante y regulador del sector” y el de “aumentar la cobertura básica de servicios de salud, para grupos que viven en extrema pobreza”.
7. El precitado documento señala que “el proyecto enfocará sobre: 1) formulación e implementación del desarrollo político de recursos humanos para el sector, incluyendo certificaciones y acreditaciones,...”.
8. Añade que se apoyará “la coordinación intersectorial entre el MINSA y la administración de la CSS, para el propósito específico de preparar y ejecutar un plan maestro conjunto de inversiones, así como formular e implementar un plan o inventario (rate schedule) para estandarizar los precios por servicios por el MINSA y la CSS”.
9. Continúa diciendo el documento que “el paquete contendrá intervenciones de atención primaria altamente costo-efectivas que serán dispensadas bajo contrato por organizaciones no institucionales, incluyendo ONG, organizaciones cívicas, organizaciones religiosas y cooperativas.
10. Respecto al anteproyecto de ley general de salud*, cuya existencia ha sido negada por la presidenta de la República y por el ministro de Salud (según lo indiqué antes, en el numeral 1.), el mismo señala en su numeral 4 del artículo 7, que “El Ministerio de Salud (MINSA) tendrá primordialmente las siguientes atribuciones: Ejercer la competencia ¿privativa? en todo lo relacionado con las adquisiciones de medicamentos, insumos, instrumental, equipos y otros productos para la salud humana que requieran todas las instituciones públicas, sin excepción”. (Primordialmente no es sinónimo de exclusivamente. Y, privativa significa causar o significar privación).
Ante tales informaciones, el panameño se pregunta: ¿qué es lo que pasa aquí, ah?
El autor es médico
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