Guatemala, entre la espada y la pared
La extracción de níquel y petróleo puede ser una salida, pero…
Federico Meléndez V.
Guatemala, uno de los países centroamericanos de mayor extensión territorial con una población de 13 millones de habitantes (67% es de origen maya) enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: Apostar al desarrollo sostenible donde la participación ciudadana juega un papel estratégico, o doblegarse ante el asedio de amenazas externas que han visto en la tierra de Asturias, Menchú y el Santo Hermano Pedro, un potencial nicho económico para la extracción de importantes recursos mineros.
Se ha podido detectar que en la laguna de Izabal, un inmenso remanso hídrico de pocos menos de 700 kilómetros cuadrados, localizada en el llamado Atlántico guatemalteco (300 kilómetros de la ciudad guatemalteca) entre la serranía de Santa Cruz y el impresionante macizo de la sierra de Las Minas, existen inmensos yacimientos de petróleo.
De igual forma, pero en la llamada sierra de Las Minas, una de las zonas protegidas de este país, famosa por la existencia de bosques nubosos y por una rica biodiversidad donde sobresale el quetzal, ave endémica de la región, “la empresa canadiense Chesbar Resources, Inc. anunció la adquisición de concesiones mineras para la explotación de níquel por su subsidiaria Minera Mayamérica, S.A. en un área de 127.42 km2 en las jurisdicciones de El Estor en Izabal y de Panzós y Cahabón en el Departamento de Alta Verapaz”.
“Se calcula en 9 mil millones de dólares las reservas mineras de níquel en este lugar”, sostiene Daniel Vogt, un ex sacerdote de origen estadounidense y presidente de la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral -AEPDI-. Esta organización, defensora de los derechos indígenas, se opone a estos dos proyectos por considerarlos dañinos y perjudiciales para la región.
Vogt, con conocimiento de causa, dejó perplejo a un grupo de periodistas de Mesoamérica que participaron recientemente en un taller regional denominado, “Agua dulce y ambiente, un periodismo que vende” –entre los que se encontraba quien suscribe esta nota–, organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), al anticipar que en el caso del lago Izabal, este, en solo 19 días, se vería contaminado en un 70% al igual que los 64 ríos que desembocan en la laguna, si estos proyectos son llevados a la práctica.
En un comunicado de prensa distribuido a los periodistas presentes, la AEPDI denuncia que “otra empresa canadiense, Geostar Metals, Inc., anunció un acuerdo con Inco, Ltd. de Toronto, en el que adquiere las concesiones llamadas Niquegua, en un área de 385.4 km2 en los municipios de El Estor, Panzós y Cahabón, propiedad en un 70% de Inco y en un 30% del Gobierno de Guatemala, bajo varias condiciones de pruebas de tecnología, financiamiento y construcción de una nueva planta procesadora del mineral”.
Según AEPDI “la concesión Niquegua fue dada por 40 años a Inco a través de su subsidiaria, EXMIBAL, S.A., el 14 de agosto de 1965. Sin embargo –agrega AEPDI– “las instalaciones han sido abandonadas desde el año 1982 cuando Inco se retiró del país.
Para la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral, “la reactivación contemplada de esta operación minera, implicando la apertura de ocho a 10 nuevas minas a cielo abierto, tiene que ser consultada con las más de 30 comunidades indígenas quiché afectadas, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Guatemala en el año 1996 sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI).
¿Podrá la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral y la Asociación de Amigos del Lago Izabal –iniciativas emergentes de participación ciudadana– detener los apetitos voraces de los inversionistas extranjeros, que han visto en este paraíso una forma de acrecentar sus objetivos de acumulación económica?
El pueblo guatemalteco tiene la última palabra.
El autor es miembro de la Red Mesoamericana de periodistas ambientalistas y vicepresidente de REDPA Panamá
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