El Seguro Social
Juan David Morgan
jdmor@morimor.com
La separación del profesor Jované del cargo de director de la Caja de Seguro Social ha sido solamente el detonante de una situación explosiva que, desde hace años, se ha venido gestando en nuestro sistema de seguridad social. Todos los panameños sabemos, desde hace mucho tiempo, que la Caja de Seguro Social funciona deficientemente, que camina con paso acelerado rumbo al colapso financiero y que, para evitarlo, son necesarias reformas profundas al sistema que, además del acuerdo de empresarios y trabajadores, requieren del liderazgo de los gobiernos. El diálogo que se convocó con ese propósito se convirtió muy pronto en uno de sordos y pareciera que se prolongó con el único propósito de tranquilizar conciencias y de no pagar el costo político que la solución de cualquier problema grave siempre conlleva. Al final de cuentas, lo que se ha producido es una polarización de posiciones y un enfrentamiento alarmante, en el que vuelve a resurgir la lucha de clases, una realidad que si bien perdió protagonismo con la caída del muro de Berlín, lo ha venido recuperando a pasos agigantados a medida que continúa ampliándose la ya inmensa brecha que separa a pobres y ricos. Es aquí donde yace, precisamente, el gran peligro de la situación que hoy se vive en el país: el problema de la Caja de Seguro Social ha brindado la oportunidad a las clases trabajadoras de medir fuerzas con la cuestionada política económica imperante.
Aunque no lo digan, los empresarios saben perfectamente que mientras la Caja de Seguro Social sea una institución estatal, no puede ir a la quiebra. Lo que puede ocurrir, y ciertamente ocurrirá si no se encuentran urgentes soluciones a tiempo, es que, para evitar el colapso, el Estado se vea obligado a tomar medidas improvisadas, que van a contribuir a mantener a nuestro país en el subdesarrollo. Ya se lanzó al ruedo la idea de crear, con los bienes revertidos, un colchón que salve el equilibrio financiero de la Caja. Y si esta y otras medidas resultan insuficientes, llegará el momento en que acabaremos por pagar las prestaciones sociales con los ingresos provenientes de la operación del Canal. Al final de ese aciago día tendremos un país laborando únicamente para mantener a flote el agujero negro en que se habrá convertido la Caja de Seguro Social.
Los trabajadores, por su parte, son conscientes de la misma realidad: mientras el Estado sea el dueño de la Caja, las generosas prestaciones que brinda están aseguradas. Nadie puede culparlos por aprovechar la coyuntura que les ofreció el despido de Jované para jugarse definitivamente la carta de la no privatización del Seguro Social. Ese, y no otro, es el verdadero objetivo de su lucha, aunque en medio de la refriega tienden a olvidar que la no privatización de la Caja de Seguro Social no depende de la permanencia de Jované ni de nadie al frente de esta institución. Al contrario, lo más criticable de la gestión de Jované es que ha causado tal desasosiego y desequilibrio financiero, que ha llevado al debate público el tema de si la seguridad social puede seguir funcionando como parte integral del Estado o si algunos de sus servicios deben privatizarse, realidad que de hecho existe ya desde hace tiempo.
Conviene recordar que lo que impide que se privatice la Caja de Seguro Social es la preservación del estado de derecho, tal como la concibe la muy vapuleada Constitución Nacional vigente. Para mayor claridad, transcribo parcialmente el Artículo 109: “Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales...”. Con más claridad y entusiasmo no canta un gallo.
¿Está consciente la clase trabajadora de la existencia de esta norma? Por supuesto que sí, pues ellos también tienen buenos abogados que los asesoran a la hora de tomar decisiones. Lo que ocurre es que en nuestro país está tan deteriorado el principio de la credibilidad, que ya nadie cree en nadie. Y por más inconstitucional que fuera la privatización de la seguridad social, quienes dependen de los servicios del Seguro para aspirar a la atención de su salud y a una vejez protegida, no están dispuestos a aceptar promesas de los políticos, sean estos del gobierno o de la oposición. Lamentablemente la falta de credibilidad en este país ha comenzado a minar también la de los organismos internacionales que han tratado de mediar en el diálogo, y la de las iglesias que, por razones imposibles de entender, con la mayor ingenuidad se han dejado involucrar en el asunto. Tanto, que la semana pasada el PNUD y el Consejo Ecuménico se vieron obligados a publicar sendos avisos pagados explicando sus actuaciones.
Lo más triste de todo es, quizá, que después de lo ocurrido en la Caja de Seguro Social y de la apresurada huelga declarada por los trabajadores, también la credibilidad de estos ha quedado en entredicho. Nada han dicho los huelguistas sobre los pésimos servicios que presta el Seguro Social ni de la abultada burocracia que mina sus escasos recursos, lo que le impide el cumplimiento de los loables propósitos que inspiraron su creación. En lugar de hacer política con la no privatización de la Caja de Seguro Social, los trabajadores, los empresarios y los políticos, por igual, deberían comprometerse a conferirle a la institución una verdadera autonomía que signifique la no intromisión unilateral de ninguno de esos grupos de presión en su manejo. Esta, y no otra, es la promesa que aguardan los aterrorizados asegurados.
La Caja de Seguro Social no será privatizada. Pero no porque así lo afirmen los políticos, sino por la sencilla razón de que el propósito solidario de la seguridad social es una de las pocas salvaguardas que nos quedan en este país para evitar que se siga ampliando la peligrosa brecha que existe entre ricos y pobres. Pero ese mismo principio de solidaridad es el que debe prevalecer a la hora de aceptar que es necesario renunciar a algunos de los costosos privilegios adquiridos, para que todos los panameños puedan aspirar a un futuro con salud y seguridad económica. No hay otra salida.
El autor es abogado y escritor
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