Abren causa criminal contra periodistas
DANIEL DE GRACIA M.
planas@prensa.com
LAS TABLAS, Los Santos. —Un juez suplente del Juzgando Segundo Penal del Circuito de Los Santos abrió causa criminal contra los periodistas Alcibiades Cortez, del diario La Prensa y Eduardo Bartuano, de RCM Televisión, por los delitos contra el honor en perjuicio de un docente tableño.
En un fallo escueto y sin conclusiones propias, el juez suplente especial, César Darío Lerma Jaén, señala que Cortez, Bartuano y Roberto Urriola Porras, ex funcionario del Ministerio de Educación, son presuntos infractores del Código Penal en el título III, capítulo I y libro II.
La demanda la originó el profesor Justino Combe, del Colegio Manuel María Tejada Roca, de Las Tablas, quien se sintió ofendido en su honor por la noticia publicada en La
Prensa el 11 de mayo de 2002 donde se denunciaba supuestos actos de abuso sexual contra estudiantes en ese plantel.
En la noticia, bajo la firma del periodista Cortez, otros docentes y el propio Urriola, que fungía como asesor legal de Educación, piden una investigación al Ministerio sobre este asunto. Allí se recogían las declaraciones de Combe, donde rechazaba los señalamientos.
Según el fallo del juez suplente, en la nota periodística “se presenta (a Combe) como una persona con marcadas desviaciones sexuales (homosexualismo) reflejadas en actos de persecución indecorosa en contra de algún estudiante no señalado dentro del colegio”.
Por su parte, la defensa de Cortez en la audiencia preliminar, Giovanni Fletcher, sostuvo que el periodista de La Prensa hacía su trabajo objetivamente al publicar la noticia muy balanceada con la versión del profesor Combe.
Fletcher fue enfático al señalarle al juez que la publicación del periodista era el perfecto reflejo de una entrevista ofrecida por un funcionario público y su respectiva contraparte, ya que "no se inventó nada", por lo tanto no tiene responsabilidad penal alguna.
El abogado recordó que el trabajo del periodista es precisamente hacer entrevistas, buscar otras versiones y publicarlas, por lo que no se le puede acusar ni condenar por reproducir una información.
De lo contrario, agregó Fletcher, también habría que procesar a los vendedores de periódicos, a los editores, a los que imprimen el periódico y a todos lo que trabajan en reproducir una información escrita a través de un medio de comunicación impreso.
Cabe destacar que en medio de la audiencia preliminar, la defensa particular de Urriola Porras leyó un documento donde el entonces director regional de Educación en Los Santos, Antonio Moreno, le informaba a la ministra Doris Rosas de Mata sobre la existencia de una investigación en el mencionado colegio sobre el mismo problema.
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