Piratería en Panamá, ¿una marca registrada?
La presidenta vetó parcialmente por inconveniente e inexequible un proyecto de ley que endurecía las penas a quienes incurrieran en delitos contra la propiedad industrial
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
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LA PRENSA/Víctor Arosemena
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Agencias Benedicto Wong, S.A. tuvo que cerrar su planta manufacturera mientras depuraba el mercado, saturado de "mechitas" falsificadas.
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En diciembre de 2001, Agencias Benedicto Wong, S.A. puso una queja ante la Fiscalía Décima de Circuito, especializada en delitos de propiedad industrial. La agencia había descubierto que varios comercios de Arraiján y Chorrera habían "saturado" el mercado local con falsificaciones del espiral repelente para mosquitos Dos Tigres.
Las "mechitas" -como popularmente se conocen- son fabricadas desde 1982 por Insecticidas Superiores de Panamá, S.A., una subsidiaria del grupo Wong, ubicada en la urbanización industrial de Los Angeles. De hecho, esta planta manufacturera estuvo cerrada durante dos meses, "porque el mercado estaba estancado por los productos falsificados", indicó Stephen Wong, vicepresidente de Agencias Benedicto Wong, S.A.
Wong contó que la fiscalía decomisó las "mechitas" falsificadas en un operativo realizado a varios mayoristas de Panamá Oeste. No obstante, reconoce que pese a todo el esfuerzo realizado, "todavía no sabemos quién trae los productos falsificados", porque ninguno de los comerciantes a los que se les confiscaron los productos alterados, colaboró con el desarrollo de las investigaciones.
"Esas personas rehusaron decir quién les suministraba esos productos", señaló Wong. No hubo multas, arrestos o sanciones. De hecho, Wong señala que esos mismos comerciantes se encuentran operando en sus respectivos negocios. "Hasta ahora, están impunes. Si no quieren hablar, son cómplices", señaló.
El material decomisado, en tanto, se encuentra guardado en mas de 300 cajas almacenadas en un depósito, cuyo alquiler le cuesta a Wong 126 dólares mensuales.
Lo que más lamenta este industrial, es la ausencia de leyes que hubieran contribuido a castigar a los presuntos infractores. La razón de esto es que la ley actual no permite la detención preventiva para este tipo de delitos.
De hecho, un proyecto de ley para reforzar las penas de los que incurran en falsificación de productos industriales, que había sido preparado, consensuado y aprobado por la Asamblea Legislativa, fue vetado de un plumazo por la presidenta Mireya Moscoso a principios de este mes.
La mandataria vetó parcialmente el proyecto de ley No. 138 -que modifica y adiciona disposiciones a los Códigos Penal, Judicial y Comercial, y a las leyes No. 15 de 1994 y No. 35 de 1996, referentes a los derechos de propiedad industrial-, alegando "razones de inconveniencia e inexequibilidad constitucional".
El proyecto vetado proponía sanciones de hasta cuatro años de prisión para quienes fueran sorprendidos fabricando o ensamblando un producto amparado por una patente de invención, sin contar para ello con una autorización del legítimo propietario, que para ello debe haber inscrito su licencia ante la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Moscoso parece no haber estado muy de acuerdo con esta disposición. De hecho, la presidenta indicó no estar de acuerdo con elevar el incumplimiento de un trámite administrativo "a categoría de delito".
"Nada más alejado de la verdad", asegura una fuente versada sobre el tema, que aseguró que la disposición del Código Penal aún vigente, exige tal autorización; la licencia inscrita -señala la fuente- es solo el medio de comprobarlo.
¿Por qué es necesaria la ley?
El legislador Tomás Gabriel Altamirano Mantovani, proponente del proyecto de ley, anunció que trabajará en los artículos vetados por la presidenta, para nuevamente llevar la propuesta a la Asamblea, una vez inicie el próximo periodo legislativo, el 1 de septiembre.
Altamirano señaló que este proyecto de ley es tremendamente necesario, "y echarlo para atrás me parece algo negativo para el comercio", dado que la piratería y adulteración de marcas afectan una variedad de productos nacionales, como insecticidas, desodorantes, detergentes, arroz... "nombra el producto y existe la alteración", indicó.
Agregó que el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) calculó entre 5 millones y 6 millones de dólares anuales, las pérdidas producto de estos ilícitos "en daños a la industria".
"Hay muchos productos alterados que no han sido cuantificados, pero estamos hablando de millones de dólares en daños a la industria y al comercio local, producto de personas que se dedican a vivir de las demás empresas, causando la bancarrota y el deterioro de las marcas, especialmente nacionales", señaló.
Advirtió que el caso de las "mechitas" falsificadas es solo una de las "muchas alteraciones" que hay en el mercado local. Algunas de ellas incluso ponen en riesgo la salud de la población, como fue el caso de un desodorante "pirata" que causó serias quemaduras en los inocentes consumidores.
De hecho, el proyecto vetado proponía una multa de 20 mil a 500 mil dólares, a quienes fueran sorprendidos fabricando, distribuyendo o vendiendo productos falsificados que pongan en peligro o lleguen a afectar la salud pública de la población y el medio ambiente.
Stephen Wong señaló que el veto presidencial pone a Panamá en una situación
difícil,
ahora que hay varios grupos impulsando la firma de tratados de libre comercio
con varias naciones y bloques.
"¿No cree usted que los norteamericanos -que tienen tantas marcas- están mirándonos con una lupa, a ver cómo resolvemos el tema de la falsificación? Y más considerando que tenemos una zona franca, a la que podrían ingresar fácilmente productos falsificados y ser vendidos a otros mercados como productos panameños", enfatizó.
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