Con los numerosos casos de denuncias por corrupción que llegan al Ministerio Público, quedan al descubierto costados oscuros de la vida política nacional. Así ha podido salir a la luz de qué manera el funcionamiento de las instituciones queda cautivo de los intereses de quienes circunstancialmente ocupan espacios de responsabilidad. En tal sentido, es la propia dirigencia política -antes de que los casos lleguen a la instancia judicial- la que debe asumir como propia la tarea de hacer más transparentes y rigurosos los mecanismos de rendición de cuenta de las instituciones y cuerpos deliberativos. El Ejecutivo todavía tiene tiempo para corregir sus desatinos, comenzando por derogar el decreto que reglamentó –y de paso mutiló– la Ley de Transparencia. Si no tienen nada que ocultar, entonces no debiera haber aprensiones en hacer públicas las declaraciones juradas de bienes, tal como lo establece la ley y lo exige la mayoría de la población. Mientras los gobernantes sigan ocultando el estado de su patrimonio, continuará deteriorándose la confianza ciudadana en las instituciones y sus regentes.