La falta de autoridad urbana
Solo una reforma integral de la legislación vigente puede sacarnos del caos en que están sumidas las ciudades, especialmente la capital de la República
Alvaro González Clare
La mejor forma para que no haya autoridad (del latín auctoritas), entendida como “el derecho y el poder de mandar o hacer obedecer”, es dividir la autoridad entre los distintos grupos que deben tener el poder para mandar. Así ninguno tendrá la autoridad necesaria para hacer obedecer, y todos las razones justificadas para no poder mandar.
Esto es lo que sucede en la ciudad de Panamá, donde no existe la autoridad urbana con el poder de mandar y hacer obedecer las leyes, decretos, normas y reglamentos que regulan el crecimiento y la administración de la ciudad.
En la Constitución nacional no hay una sola palabra que implique derechos y deberes del Gobierno nacional o municipal sobre las ciudades y pueblos en el territorio nacional. La ley No. 106 de 1973 sobre régimen municipal, relega la autoridad de los gobiernos locales a simples cobradores de fiestas, mataderos, y administradores de los parques y cementerios.
El Ejecutivo, por la exclusión de los gobiernos locales en estos menesteres, se arroga legalmente la administración y el negocio de las ciudades. El planificador colombiano Pedro Pablo Morcillo, conocedor y estudioso del fenómeno urbano panameño desde hace más de medio siglo, define el caso con meridiana exactitud: “El alcalde de la capital es el presidente de la República”.
No es difícil confirmar lo anteriormente expuesto; solo precisa someterse a las pruebas para reconocer lo atomizado que está el poder de mando en cualquier asunto urbano y, por ende, la absoluta falta de autoridad en la administración de las ciudades.
Si nos referimos al trágico caso del transporte público, reconoceremos que participan en el poder de mando la Autoridad del Transporte y Tránsito Terrestre, los ministerios de Obras Públicas y de Gobierno y Justicia, la Policía de Tránsito, y los municipios de las ciudades y los pueblos que corresponda. Obviamente, la interacción entre tantas instituciones mandantes solo deja espacio para que nadie mande y todos tengan buenas razones para justificar su incapacidad para resolver los problemas y, sobre todo, para que los gremios transportistas se manejen a su antojo y beneficio propio en detrimento de los usuarios y la seguridad ciudadana.
Si nos ocupamos de las ordenanzas urbanas que regulan y controlan el crecimiento de la ciudad capital, veremos que el poder de mando recae sobre los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Salud, y las entidades autónomas, Instituto de Aguas y Alcantarillados Nacionales, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Portuaria Nacional, Autoridad de Aeronáutica Civil, además de los municipios de Panamá, San Miguelito, Chepo y Arraiján, con sus concejos y juntas comunales, oficinas de Ingeniería Municipal, Seguridad, e inclusive las empresas de servicios públicos de electricidad y telefonía. No es difícil entender el porqué no puede existir alguien que mande en esta proliferación de tantos con poder de mando, pero ninguno con la autoridad para hacer obedecer, a pesar de que la Ley Orgánica del MIVI de 1973 le confiere dicha autoridad a este ministerio.
Las violaciones de las leyes, decretos, normas y reglamentos de desarrollo urbano en las construcciones, y adiciones de edificios y viviendas, son recurrentes y una verdadera burla al sistema judicial y administrativo. Las ciudades y los pueblos de la República están plagados de violaciones flagrantes de las ordenanzas que se han dictado para controlar el crecimiento de las ciudades. Estas van desde apropiaciones ilegales de parques, servidumbres públicas y privadas, aceras, retiros laterales y frontales, ocupación ilegal de ríos, quebradas, playas y fondo de mar. Todo esto sin que exista autoridad que pueda evitar, detener y menos demoler para revertir el daño causado por las violaciones. Que recuerde, en la ciudad de Panamá nunca se ha ordenado la demolición de una construcción que haya violado la ley.
Entre las más nefastas está la violación a la línea de construcción porque reta abiertamente la autoridad del alcalde y del ingeniero municipal. Normalmente estas construcciones se llevan a cabo durante los fines de semana e inclusive en la noche. Si son descubiertos por los inspectores municipales, los atrevidos constructores encuentran la forma para que la obra se torne invisible. Si el caso es más flagrante y trasciende a los medios de opinión pública, se utiliza la táctica de la detención de la obra, solución que les conviene tanto a los violadores como a las autoridades competentes; no hay nada que no pueda resolver el tiempo y el olvido. Si el caso se complica legalmente, las denuncias y apelaciones de las partes pueden llegar hasta la Corte Suprema donde podrán tardar muchos años, el tiempo suficiente para que se termine la construcción. Si el caso tiene aún más exposición y jerarquía económica, donde entran a pujar las fuerzas del poder oculto, el kafkiano constructor recurre a las grietas legales del sistema y aprovecha las divisiones políticas que siempre hay entre el alcalde, el Consejo Municipal y el ingeniero municipal, para pujar por la justificación que le permita la conclusión de la obra. En cualquiera de las posibilidades, una vez terminada la obra no habrá fuerza en esta ciudad que logre demolerla y así perdurará para la historia urbana otro monumento más a la impunidad.
No es de extrañarse, ante este grave nivel de incompetencia administrativa y falta de autoridad para hacer obedecer, que la ciudad capital y las otras ciudades de la República estén en el grado de deterioro urbano que sufren y los servicios públicos al nivel de colapso, especialmente el transporte público.
También es evidente que la legislación urbana vigente ha sido creada con el propósito político de diluir la autoridad, de manera que todas las instituciones involucradas tengan poder de mando, pero al final nadie tenga la autoridad urbana para hacer obedecer. No podemos pretender que en nuestro sistema presidencialista, el presidente de la República tenga la única opción para mandar en el complicado andamiaje legal y administrativo que el sistema ha creado para gobernar las ciudades. No se puede aceptar que el MIVI no cumpla con el mandato que le ordena la ley para determinar y dirigir la política habitacional y desarrollo urbano en todas las instituciones públicas del país, que los alcaldes no tengan autoridad suficiente para detener y ordenar las demoliciones de las construcciones que violen las leyes urbanas, ni que los consejos municipales politicen los asuntos urbanos en detrimento de los intereses de los ciudadanos, y que los ingenieros municipales no acaten las órdenes de los alcaldes por razones partidistas.
Solo una reforma integral de la legislación vigente, que genere un ente regulador urbano con la suficiente autoridad para mandar y hacer obedecer los mandatos, puede sacarnos del caos en que están sumidas las ciudades, especialmente la capital de la República.
El autor es arquitecto
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