La impunidad sobre ruedas
De 1996 al 2002, 21 transportistas han sido llevados a juicio por estar implicados en la muerte de por lo menos 30 personas
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
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LA PRENSA/Jihan Rodríguez
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Pese a que las autoridades correspondientes están realizando operativos para evaluar al transporte colectivo, conductores de autobuses y usuarios irresponsables no hacen uso de las paradas, y estos últimos bajan en plena calle, desatendiendo las reglas.
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¿En qué país del mundo las leyes permiten que una persona que provoca la muerte a otro ser humano por un acto de irresponsabilidad o negligencia al conducir su vehículo obtenga su libertad con solo pagar 250 dólares al Estado? La respuesta a esta interrogante, aunque no lo crea, es: Panamá.
El 3 de enero de 1997, la anciana de 74 años de edad Juana Peralta estaba feliz porque empezaba un año nuevo más y se dirigía a casa de sus hijos y nietos, pero un irresponsable conductor de bus terminó con su vida de forma violenta. El "busero" Alfredo Priscilla fue condenado a un año de prisión por el delito de homicidio culposo, pero tan solo estuvo detenido unos días, porque un juzgado municipal penal de San Miguelito le reemplazó la pena y lo multó con 250 dólares y poco tiempo después estaba manejando nuevamente su "Diablo Rojo".
Otro caso similar ocurrió un año después, el 28 de abril de 1998. Luis Aybar, de 75 años de edad, fue atropellado en la avenida Justo Arosemena por otro conductor de transporte colectivo. Su muerte fue instantánea. Se repite la historia: el acusado, Alberto González, de 30 años de edad, fue condenado a un año de cárcel, pero por ser un "delincuente primario", es decir, que no tenía antecedentes penales, el Juzgado Primero Municipal de San Miguelito le conmutó la sentencia y le exigió el pago de 850 dólares de multa para recobrar su libertad.
El 17 de octubre del 2002, el juez segundo penal de La Chorrera, Ricardo Massa, declaró inocente al conductor Felícito Guevara, acusado de haber provocado la muerte de 11 personas, en uno de los accidentes de tránsito de más impacto ocurridos en el país.
El hecho se registró en el distrito de San Carlos, en 1999. Las víctimas viajaban en un autobús de la ruta Penonomé-Panamá, que se estrelló con el camión que conducía Guevara, quien se dio a la fuga, pero fue localizado tres días después por la Policía Técnica Judicial (PTJ) en el distrito de San Miguelito.
Massa sustentó que la actuación de Guevara, de huir de la escena del accidente, no se tomó en cuenta para dictar la sentencia porque lo que se buscaba era comprobar el grado de responsabilidad que tenía en el accidente.
Según el juez, la sentencia se basó en pruebas testimoniales y otras evidencias que se aportaron durante el proceso de instrucción del sumario. Quedó claro, según este juez, que Guevara no provocó el accidente. Las muertes quedaron nuevamente impunes.
Una investigación efectuada por La Prensa revela que de 1996 al 2002 un total de 21 conductores o transportistas han sido llevados a juicio por estar implicados en la muerte de, por lo menos, 30 personas en accidentes en la carretera. De estos acusados, 16 han sido condenados, pero solo cuatro, incluyendo un propietario de bus, han cumplido su sentencia en la cárcel. Para el resto, basado en las leyes actuales, el castigo fue pagar al Estado sumas inferiores a los mil dólares, con lo que lograron su libertad. Para los familiares de las víctimas esto no es justicia, sino una burla del sistema.
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