La muerte viaja en bus
El procurador ha intentado endurecer las penas, pero ha fracasado
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
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LA PRENSA/Archivo
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Es común ver en avenidas del país a los diablos rojos varados, debido al mal estado en que por lo general se encuentran.
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La sentencia más severa que se le ha aplicado a un transportista por el delito de homicidio culposo es de cuatro años de cárcel. Se trata de Daniel Espinoza, que ha sido el único caso donde un propietario de bus de pasajeros ha sido condenado. Su 'palanca' (conductor interino), Dionisio Centeno, atropelló y mató a dos estudiantes, de 12 y 14 años de edad, en 1999. En este caso, el chofer fue sentenciado a tres años de prisión. En la actualidad son los únicos transportistas que están cumpliendo sus sentencias en prisión.
La Fiscalía Superior Especial, a cargo del fiscal Cristóbal Arboleda, es el despacho de instrucción del Ministerio Público que más casos de muertes por accidentes de tránsito ha tramitado.
De 1996 al 2001, Arboleda ha instruido 15 procesos contra 18 conductores y un propietario de bus que han estado involucrados en 17 muertes por exceso de velocidad, negligencia al conducir, fallas mecánicas, ebriedad y otros delitos.
Producto de sus investigaciones, el fiscal Arboleda ha pedido el llamamiento a juicio de 13 conductores, cuatro sobreseimientos provisionales y uno definitivo. Nueve conductores y un propietario han sido condenados. Pero siete de ellos han sido beneficiados con multas o medidas cautelares para obtener su libertad por los distintos tribunales de justicia que les ha tocado resolver.
Los otros conductores sentenciados por este delito son: Idalides Gutiérrez, 18 meses de cárcel por haberle causado la muerte a la joven Griselda Fernández, de 26 años, en 1996, se le reemplazó la pena por 700 dólares; Iván Bernal, quien atropelló a la anciana Eva Ronnier, de 79 años, en 1997 fue condenado a 12 meses de cárcel; Raúl Rodríguez fue condenado a 18 meses de prisión por ser responsable de la muerte de la señora Neida Salas, de 52 años, en 1998, también se le reemplazó la condena y quedó en libertad.
Igualmente, Cristino Castillo fue condenado a 38 meses de cárcel y cumplió su sentencia por ser el responsable del accidente de tránsito donde murieron Rafael Cohen (17 años) y Elmer Navarro (45 años) en 1998. De igual forma, los conductores Raúl González, José Jiménez, Angel Moreno, Teodoro Williams y Valerio Hernández, implicados en otros casos de muertes en las carreteras están a la espera de juicio, pero en libertad o con medidas cautelares.
Endurecer las penas
El artículo 133 del Código Penal señala que "el que por culpa cause la muerte de otro, incurrirá en prisión de 6 meses a 2 años y la inhabilitación hasta por 2 años del ejercicio de su profesión u oficio. Si el hecho resulta la muerte de varias personas o la de una sola y la lesión de una o varias personas la sanción será de 2 a 4 años de prisión y la inhabilitación de funciones por el mismo término. Las sanciones se aumentarán de una sexta hasta una tercera parte cuando el hecho punible se cometa en un accidente de tránsito y el autor se dé a la fuga".
El fiscal Arboleda considera que las penas por este delito, en las cuales se comprueba la irresponsabilidad de conductores del transporte colectivo y selectivo, deben ser aumentadas.
Además, señaló que estas reformas a la ley deben prohibir la posibilidad de otorgar el beneficio de reemplazo de la pena, hasta que el conductor o propietario del vehículo involucrado en el accidente no haya llegado a un acuerdo legal de resarcimiento de daños y perjuicios con los familiares de las víctimas.
Arboleda informó que el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, consciente de esta situación preocupante para la ciudadanía, por lo menos en tres ocasiones ha promovido ante la Asamblea Legislativa sendos proyectos de ley tendientes a modificar el sector transportista, pero los esfuerzos han fracasado, principalmente por la resistencia feroz a estos proyectos, encabezados principalmente por los legisladores que han sido dirigentes transportistas.
La polémica sobre las reformas a las leyes de tránsito ha resurgido a consecuencia de la muerte de la estudiante Ilka Chérigo, de 15 años de edad, atropellada por el bus "El Afamado", de la ruta Transístmica-Santa Librada, con matrícula 28- 0194, conducido por Juan Carlos Quiroz, quien se dio a la fuga del lugar de los hechos y que, luego de su captura, se comprobó que tenía una deuda de más de 3 mil dólares por infracciones a las normas de tránsito.
Arreglos de pago
El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Pablo Quintero Luna, señaló que la ley le impide cancelar la licencia de conducir a los transportistas que en su historial registran una serie de infracciones, ya que al momento de expedir estos documentos los conductores se benefician con los "arreglos de pago".
Esteban Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), dijo que los malos transportistas tendrán que dejar la actividad y sostuvo que los presidentes de rutas deben obligar a las piqueras a cumplir con este reglamento.
Reconoció que los "usuarios no aguantan más" y que la dirigencia transportista se avergüenza de cosas como la muerte de la joven atropellada por un conductor que luego se dio a la fuga.
Agregó que quienes no respeten y se ciñan a lo pactado en este acuerdo "tendrán que irse del transporte colectivo del área urbana" y adelantó que solicitará a la ATTT que exija el examen antidopaje como uno de los requisitos para sacar una licencia profesional.
Por su parte, el comisionado Roberto Joudry, director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, aseguró que los operativos contra los buseros infractores se continuarán efectuando indefinidamente y que el lugar escogido para dejar los buses cuyos propietarios violen las disposiciones será cerca del Estadio Nacional.
Impunidad
Carmen Marciaga, familiar de una de las víctimas de los denominados "diablos rojos", indicó que de nada sirve que se hagan las investigaciones policiales y que luego el expediente se lleve al Ministerio Público, se pida condena, se logre la sentencia en contra de los implicados, si la ley faculta a los jueces a beneficiarlos con días multas. "Es
como si fuera una burla del propio sistema de justicia para con los
afectados y complicidad con los culpables "
En tanto, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa aprobó presentar, en la próxima legislatura que se inicia el 1 de septiembre, un proyecto de ley para reformar toda la legislación que rige en materia de transporte público de pasajeros.
Los legisladores se comprometieron a revisar, de manera total, la Ley 14 de 1993 y la Ley 34 de 1999, las que regulan el transporte colectivo.
También acordó presentar reformas al Código Penal vigente para incrementar las penas a los conductores irresponsables involucrados en accidentes de tránsito (homicidio culposo y lesiones).
Recomendaron que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía, organicen y ejecuten operativos sorpresas y exámenes antidopaje por rutas y concesionarias, aplicando las sanciones respectivas.
Además, exigieron a todas las concesionarias que explotan las diferentes rutas, zonas y piqueras, que cada uno de sus conductores (de taxis y autobuses) estén debidamente uniformados y con su logo correspondiente para ser fácilmente identificados.
Se recomendó sacar de circulación a todo vehículo, público o privado, cuyas condiciones físicas o mecánicas evidentemente resulten un riesgo y peligro para la seguridad de los usuarios.
Los legisladores igualmente pidieron la cancelación inmediata de las concesiones otorgadas a aquellos talleres de mecánica que otorguen revisados mecánicos a vehículos en mal estado físico y que se hayan visto involucrados en accidentes de tránsito.
Recomendaron al Organo Ejecutivo imponer, vía decreto ejecutivo, el retiro de la licencia de conducir a todo aquel conductor implicado en un accidente de tránsito o que incurra en infracciones menores.
Todo indica que este alboroto por reformar las leyes de tránsito son promovidas mientras los medios de comunicación mantengan en sus primeras planas el tema; luego las autoridades vuelven a enterrar el asunto en la misma forma que se sepulta a las víctimas de los temidos "diablos rojos".
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