¿Dónde se hará justicia?
Por Silvina Márquez
BUENOS AIRES,
Argentina (DPA)
| LASERFOTO AP |
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Eduardo
Massera y Jorge Videla |
El presidente argentino, Néstor Kirchner, tuvo
el viernes uno de sus más fuertes gestos políticos al derogar un
decreto de 2001 que rechazaba de plano la extradición de militares
acusados por tribunales extranjeros de haber violado los derechos
humanos durante la dictadura.
La medida pone ahora en manos de la justicia
la decisión acerca de si son o no procedentes los pedidos de extradición
de jueces extranjeros.
Sin embargo, será en última instancia el Poder
Ejecutivo el que deba decidir, una vez que la justicia haya dado
luz verde para extraditar a algún acusado, si se realizará o no
la entrega.
La derogación del cuestionado decreto que firmó en
diciembre de 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa, le
llevó a Kirchner una catarata de elogios de parte de organismos
defensores de los derechos humanos y también críticas de los allegados
a los cuarteles -donde, según la prensa, el malestar es grande- y
de aquellos que sienten que se vulneran los intereses de Argentina
al permitir que una corte extranjera juzgue a sus criminales.
Según informaba este sábado la prensa local, tampoco
al Gobierno le gustaría ver a los violadores de derechos humanos
más emblemáticos de la sangrienta dictadura (1976- 1983) respondiendo
ante jueces foráneos.
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| Desde la derecha: Antonio Domingo
Bussi, Alfredo Astiz, Guillermo Suárez Mason. |
Sin embargo, en el país la mayoría de quienes atropellaron
los derechos esenciales de la Humanidad quedó exculpada por las
cuestionadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se dictaron
durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-89).
Veinte años después de terminada la dictadura,
solo un puñado de jerarcas de ese régimen de facto -entre ellos
Jorge Videla, Emilio Massera y Guillermo Suárez Mason- cumple arresto
preventivo, acusados en causas por la apropiación de menores y
desaparición de personas en la década de 1970.
El resto, incluyendo a miembros de las juntas militares
y al ex capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el Angel
de la Muerte, acusado y hasta condenado en ausencia en el extranjero,
camina sin castigo por las calles de su país.
Si salieran de la Argentina, serían arrestados
debido a los pedidos internacionales de captura librados por el
magistrado español Baltasar Garzón y otros jueces europeos.
De momento, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral
dispuso en el país la detención de 45 militares y un civil, cuya
extradición reclama Garzón. La solicitud española fue cumplimentada,
pero quedó ahora en manos de la justicia argentina ver cómo resuelve
esos casos. El trámite podrá demorar meses o incluso años, señaló el
propio magistrado de Buenos Aires.
Hay tiempo, entonces, para que la Corte Suprema
de Justicia decida si declarará inconstitucionales o no las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final que dejaron en libertad a cientos
de militares, policías e incluso a algunos civiles acusados de
haber torturado y asesinado durante la dictadura a miles de argentinos
y numerosos extranjeros que residían en el país.
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