Ahora, la secretaria es la culpable
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
La expedición del certificado médico de incapacidad no debe ser utilizada como un vehículo de "hacer dinero", advirtió Manuel Lobo, director regional de Salud de San Miguelito, mientras que el dirigente médico Guillermo Pérez Silva aseguró que esta práctica es llevada a cabo por un "grupito mínimo" de sus colegas.
Eva Itzel Saldaña, representante legal de la Clínica Popular Tocumen, una de las clínicas donde La Prensa compró en cinco dólares un certificado, culpó a la secretaria del local por la expedición del referido documento.
En carta enviada al diario, Saldaña indicó que "el médico que usted señala no tenía el conocimiento absoluto de lo que hizo su secretaria, (a la) que se le ha brindado una confianza y al parecer la ha traicionado".
Sus consideraciones surgen después que una investigación de La Prensa comprobara que en algunas clínicas privadas expiden certificados médicos de incapacidad al gusto de sus saludables pacientes, a un costo de entre cinco y 10 dólares.
Esta práctica frecuente ha obligado a ciertas empresas a incluir en las convenciones colectivas que alcanzan con sus trabajadores un "bono de asistencia perfecta", con la finalidad de reducir el número de inasistencias "justificadas" con esos certificados.
El acuerdo consiste en el pago completo de cinco días de salario a aquel trabajador que no falta a sus labores en un periodo de seis meses.
El abogado Rolando Villalaz, subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), tras repudiar la mencionada práctica, fue más allá. Villalaz estimó que la venta de certificados médicos de incapacidad "bordea asuntos relacionados con delitos tipificados en el Código Penal, entre ellas el delito de falsedad".
Lobo dijo tener información sobre denuncias contra clínicas privadas en donde se "hacen certificados médicos pagados". A su juicio, esa práctica resulta "totalmente inaceptable" debido a que es una "falta total" a la ética profesional.
"El certificado médico es un documento en el cual a la persona que está incapacitada se le hacen los exámenes y se le procede con la opinión profesional". En ningún momento, dijo, "debe utilizarse como manera de hacer dinero".
Pérez Silva, dirigente médico, también tuvo palabras por la referida venta. Estimó que la mayoría de sus colegas no expide certificados médicos de incapacidad a cambio de una compensación económica, aunque se inclinó con sancionar, incluso penalmente, a quienes se dediquen a esta práctica.
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