Unión Fenosa marca territorio
A Teodora Sánchez la desconectaron del ICE para que hiciera un contrato con Unión Fenosa
CARLOS CARRILLO
ccarrillo@prensa.com
Luego de 14 años de recibir electricidad de Costa Rica, la panameña Teodora Sánchez Guerra acusa de ilegal la medida de la empresa Unión Fenosa de cortarle el suministro eléctrico.
Sánchez, propietaria de un taller de ebanistería en la comunidad de Cuervito (aledaña a la frontera de Panamá con Costa Rica), tiene desde 1989 un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para recibir el servicio.
Sin embargo, denunció ante la Defensoría del Pueblo, que el pasado 1 de julio se presentó Eduardo Saldaña, empleado del área de Puerto Armuelles de Unión Fenosa, y le notificó que, por órdenes del gerente general de la empresa, Alfredo Barrera, debía cortarle el servicio de energía eléctrica suministrado por el ICE. También le informaron que debía hacer un contrato con la empresa Unión Fenosa.
La electricidad que ofrece la empresa estatal ICE de Costa Rica es más barata que la que ofrecen las compa´ñías eléctricas de Panamá.
Considera la quejosa de "ilegal e injusta" la medida, puesto que lo que Unión Fenosa quiere es obligarla a recibir un servicio, ya que la compañía española le da un plazo de ocho días para instalar un medidor en el límite de su propiedad, subrayó.
De acuerdo con la querellante, el contrato con ICE fue aprobado por el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Además, presentó copia del acuerdo y del refrendo del IRHE ante la Defensoría.
Asegura Sánchez que ella es una persona de humilde procedencia, por lo que prefiere el servicio que brinda la compañía costarricense porque es más barato. Agrega que por sus escasos recursos no podría pagar las excesivas tarifas panameñas.
Una fuente de Unión Fenosa manifestó que lo más probable es que el contrato de Teodora Sánchez haya expirado, toda vez que esa compañía firmó un contrato con el Estado para distribuir energía eléctrica en la región oeste del país.
La oficina regional en Chiriquí de la Defensoría del Pueblo investiga la situación para proceder a admitir la queja.
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