¿Mi barriga le pertenece al Estado?
El Estado debería ser el salvaguardia de nuestras libertades, y ahora le estamos dando facultades para que nos quite hasta la última gota de libertad
Carmina Valdizán
carminavaldizan@yahoo.com
La Sociedad Médica Británica (BMA, por sus siglas en inglés) está proponiendo un impuesto al valor agregado del 17.5 % a la comida "chatarra" (junk food), así como a los alimentos ricos en grasa, entre ellos, la mantequilla, mayonesa, papas fritas, hamburguesas, sodas, galletas, chocolates, carnes procesadas, etc. Imagino que si allá alguien vendiese carimañolas, también las gravarían con el impuesto. La razón es la alta incidencia de obesidad en ese país y los problemas médicos que de la obesidad se derivan (problemas cardíacos, diabetes etc.).
¿Mi barriga le pertenece al Estado? Obviamente cualquier persona sensata dirá que no, y que esto solo puede ocurrir en un país como Gran Bretaña. Desgraciadamente está ocurriendo igualmente en Estados Unidos y otros países del primer mundo. Se están comenzando a ver mundialmente iniciativas de los "activistas de la salud" para gravar estos alimentos con impuestos y evitar que hagan publicidad en los medios de comunicación. En California ya intentaron interponer la primera demanda en contra de la compañía Nabisco para que no le vendiera sus galletas Oreo a los niños, por tener un alto contenido de aceite vegetal.
¿Realmente necesita de su padre el Estado para que le diga qué comer? ¿Se necesita de una ley que nos diga lo que nos podemos llevar a la boca?
Así fue como comenzó el movimiento en contra de las compañías tabacaleras hace algunos años y así iniciaron las demandas, hasta que recientemente Naciones Unidas ha decidido hacerle un frente común al tabaquismo. Al parecer esto no quedará tan solo en el tabaco; ahora son los alimentos el siguiente objetivo. Lo justifican afirmando que tanto el tabaco como la obesidad cobran las vidas de millones de personas mundialmente y por lo tanto debemos legislar.
Nadie imaginó que al limitar tan solo una pequeña parte de nuestras libertades personales (como en el caso del tabaco), estaríamos condenando a muerte a todas las demás.
Preocupa el hecho de que algunos activistas, los legisladores y el Estado (los políticos) pretendan saber mejor que nosotros con qué debemos alimentarnos. Esto tiene sus raíces en los límites que cada sociedad debe imponer al poder público. Los legisladores son los representantes del pueblo, deberían velar porque se cumplan los principios de toda sociedad libre y democrática, en vez de establecer un sistema que pretende tomar decisiones por nosotros.
En Panamá ya hay muchas leyes que están limitando nuestras libertades y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay un grupo de activistas que intentó y sigue intentando sumergirnos en la ignorancia, al insistir en que la Asamblea apruebe una ley de textos de autores nacionales.
Muchas leyes favorecen a determinados sectores en detrimento de los demás; los legisladores aprueban cuanta ley les presentan y se vanaglorian de estar haciendo su trabajo, sin importarles que estas leyes desfavorezcan a los más pobres y necesitados, y acaben con nuestras libertades. Deberíamos aceptar que como individuos somos responsables de nuestras decisiones.
El Estado debería ser el salvaguardia de nuestras libertades, y ahora le estamos dando facultades para que nos quite hasta la última gota de libertad. ¿Por qué no limitamos el poder público y el de los funcionarios? Porque no entendemos que así como el Estado no debe decirte qué comer, tampoco debe decirte en dónde invertir tu dinero u obligarte a pagar más caro por un litro de leche, para favorecer los intereses de una industria protegida y matar de hambre al resto de la población.
¿Cuándo finalmente limitaremos los poderes del Estado? ¿Terminaremos repitiendo la historia? ¿Nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestro sistema legal?
La autora es miembro de la Fundación Libertad (www.fundacionlibertad.org.pa)
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