De secretos y presiones
No pido que el gobierno de Moscoso muestre la misma valentía que el Gobierno tico. Pero aunque no pidamos valentía, debemos al menos exigir verdad
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
PANAMA, R.P. -Me parecen insuficientes las explicaciones que el canciller Harmodio Arias Cerjack ha ofrecido sobre el acuerdo bilateral de inmunidad (o BIA, por sus siglas en inglés) que se firmó a fines de junio con Estados Unidos. En una entrevista televisada, Arias dijo que ese acuerdo se venía negociando desde hacía dos años y que no se trata de un acuerdo "secreto" porque será presentado a la Asamblea para su ratificación.
Pero lo que esas declaraciones confirman, precisamente, es que si el gobierno de Moscoso tiene dos años de estar negociando con Estados Unidos sobre este tema, esas negociaciones se hicieron de manera encubierta.
Esta semana hice un rastreo electrónico de los diarios La Prensa y El Panamá América para ver si en algún momento de los últimos dos años se reportó que Panamá y Estados Unidos estaban negociando un acuerdo bilateral para exonerar a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Descubrí que aunque se reportó de manera general que Estados Unidos había montado una campaña para lograr que todos los países suscritos a la CPI firmaran un acuerdo de este tipo, jamás se informó que Panamá y Estados Unidos habían iniciado negociaciones sobre el tema.
¿Por qué no reportamos ese hecho? Pues, porque lo tenían como secreto. En decenas de entrevistas que he celebrado en los últimos dos años con funcionarios y diplomáticos del gobierno actual, jamás se me mencionó que Estados Unidos había solicitado un BIA y que se había abierto un proceso de negociación. Generalmente trato de concluir cualquiera entrevista con funcionarios diplomáticos panameños con la pregunta de si hay algún tema nuevo en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, y en ningún momento de los últimos dos años me respondieron que un BIA estaba en vías de negociación. No anunciaron esas negociaciones públicamente y mucho menos anunciaron que el pacto se había firmado. Y cuando la presidenta Moscoso y sus ministros salieron de la Casa Blanca el pasado 26 de junio, todos los periodistas presentes preguntamos insistentemente por los detalles de lo que se había conversado con el presidente George W. Bush y ningún funcionario panameño mencionó -mucho menos la presidenta- que Bush había expresado su complacencia por el acuerdo bilateral que Panamá acababa de firmar.
En otras palabras, hubo unas negociaciones secretas que culminaron en secreto con un acuerdo secreto. Los panameños nos enteramos de ese acuerdo no por boca de nuestros propios funcionarios, sino por las declaraciones del vocero de la Casa Blanca, quien evidentemente no sabía que el asunto era secreto.
A todo esto, lo que no comprendo es por qué hubo tanto secreto. Si Washington estaba presionando fuertemente y había puesto el 1 de julio como fecha límite para que todos los países suscritos a la CPI firmaran -bajo la amenaza de perder la asistencia militar estadounidense- todo eso se debió ventilar abiertamente. En lo personal, opino que a Panamá no le quedaba otra alternativa más que acceder a las presiones estadounidenses, pero si Panamá y Estados Unidos tienen dos años de estar negociando esto, hemos debido tener dos años de estar discutiéndolo públicamente.
Mientras tanto, los hechos de la última semana confirman la situación difícil que Panamá encaraba sobre este tema. Tal como había amenazado, Washington suspendió la ayuda militar a 35 países que para el 1 de julio no habían firmado su BIA. Aunque Panamá ya firmó, la ayuda militar que recibe de Estados Unidos quedará en peligro si la Asamblea no ratifica el acuerdo.
Los países latinoamericanos que no han firmado todavía -y a quienes, por lo tanto, se les ha congelado la ayuda militar estadounidense- son Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De estos, Colombia protestó porque "un diálogo entre países amigos no puede ser con presiones", pero también anunció que buscará la manera de complacer a Washington en este tema. Ecuador, donde hay una base estadounidense que sirve de reemplazo a Howard, está examinando sus opciones. Brasil y Costa Rica aseguran que se resistirán hasta lo último. La postura de Costa Rica, expuso su canciller, "no es anti Estados Unidos, sino pro CPI", por lo que "no podemos y no vamos a firmar" el acuerdo que Washington pide.
Siendo realista, no pido que el gobierno de Moscoso muestre la misma valentía que el Gobierno tico. Pero aunque no pidamos valentía, debemos al menos exigir verdad.
La autora es corresponsal de La Prensa
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