Con olímpico desprecio a la opinión pública, los legisladores, inmiscuyéndose en asuntos propios del Organo Judicial, decidieron dar por terminados los débiles esfuerzos que se hicieron para investigar las denuncias sobre corrupción que se hicieron en el caso CEMIS y el supuesto soborno en la aprobación de los nombramientos de dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un claro abuso de autoridad, que solo pudo producirse porque los legisladores se sienten por encima de la ley, la Constitución y las instituciones gubernamentales. Si alguna responsabilidad pretendiere exigírseles, la impunidad está ampliamente garantizada por la inmunidad legislativa y la peculiar interpretación que los partidos políticos dan a la revocatoria de mandato. Todo está aparentemente previsto, consultado y concertado, excepto que la mayoría de los legisladores pretende reelegirse como si la imbecilidad moral de que han hecho gala fuera título suficiente para lograrlo. Los electores dirán la última palabra y ahora ni siquiera tienen la excusa de que no los conocían. Sí los conocen y saben perfectamente de lo que son capaces. Si insisten en reelegir a imbéciles morales, allá ellos. De nada podrán quejarse. Esa es una más de las múltiples razones por las cuales no debe existir la reelección legislativa. Ahora que se plantea la posibilidad de reformas constitucionales profundas, debemos aprender de la experiencia y eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular. Después de todo, nada es más sano para una democracia que la alternabilidad en el poder.