Mireya en Washington
La Cancillería ha debido manejar más honestamente todo lo relacionado a la agenda que la presidenta llevó a Washington
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
PANAMA, R.P. -El jueves, cuando la presidenta Mireya Moscoso anunció que el presidente George W. Bush había aceptado extenderle un tratado de libre comercio (TLC) a Panamá, yo me pregunté por qué una gestión que tenía tantos años de estarse haciendo lograba éxito en estos precisos momentos.
Al escribir de eso (ver Planas, 27 de junio) señalé que los analistas y funcionarios entrevistados me habían ofrecido cinco explicaciones: apoyo del sector privado, "buena química" entre Bush y Moscoso, buena labor de la embajadora Watt, buena labor del embajador Alfaro, y "excelentes" relaciones con Estados Unidos. Agregué dos posibles factores que nadie me había mencionado: la contratación de un cabildero y el apoyo del gobierno de Moscoso a la guerra contra Irak. Luego pensé que también he debido agregar que el Congreso le negó a Clinton la "vía rápida" para negociar estos acuerdos.
Pero hoy descubro que había una razón adicional -y encubierta- para la calurosa recepción que Bush aparentemente dio a Moscoso: de antemano se había acordado que Panamá protegerá a funcionarios y soldados estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Y lo más criticable de eso es el secretismo con que se hizo.
El trasfondo es que el gobierno de George W. Bush es uno que exige mucho de sus "amigos" y castiga severamente a quienes muestren "deslealtad". Ante eso, muchos países pequeños como Panamá formaron parte de la coalición de apoyo a la guerra estadounidense contra Irak, aunque ese apoyo fuera meramente simbólico. Ahora vemos, no obstante, que la guerra de Irak no es una única prueba de lealtad que el gobierno de Bush ha venido exigiendo de sus "amigos". La Casa Blanca ha estado siguiendo una política callada de firmar acuerdos bilaterales que protegen a los estadounidenses de la jurisdicción de la CPI.
Según Washington, estos son "acuerdos bilaterales de inmunidad", pero los activistas de derechos humanos los llaman "acuerdos bilaterales de impunidad". En inglés, los diplomáticos se refieren a ellos como Article 98 agreements o Bilateral Immunity Agreements, o por las siglas BIA.
En el ultimo año y medio, según parece, Estados Unidos ha firmado 45 de estos acuerdos, pero los activistas pro derechos humanos acusan que esto se ha hecho de manera encubierta y que el gobierno de Bush rehúsa divulgar una lista completa de los países suscritos. Por ello, www.iccnow.org se ha dado a la tarea de llevar una cuenta -basándose en informaciones extraoficiales- de los BIA firmados. Uno ve allí que República Dominicana -país del que Panamá no quiere quedarse atrás en aquello del TLC- firmó un BIA desde el año pasado. Tres de los cinco países centroamericanos en negociación para un TLC -Nicaragua, El Salvador y Honduras- también han firmado.
Otro país en la lista de ICCNOW es Filipinas, que firmó su BIA pocos días antes de que su presidenta hiciera una visita oficial a Washington el mes pasado. Eso permite inferir que la Casa Blanca está exigiendo la firma de un BIA como precondición a toda visita con el presidente Bush, aunque el embajador Roberto Alfaro Estripeaut lo negó ayer. La firma del acuerdo en estos momentos, dijo Alfaro, se debe a que Washington ha puesto el 1 de julio como fecha tope para que todos los países que reciban ayuda militar de Estados Unidos firmen un BIA; es cierto que Washington ha puesto ese deadline.
Pero ya no importa si el gobierno de Moscoso aceptó el BIA voluntariamente o bajo presión, porque el secretismo del acuerdo es hoy su aspecto más llamativo. Como cosa de transparencia fundamental (sin hablar de cómo esto viola los principios de la CPI que Panamá ha venido respaldando), el gobierno de Moscoso ha debido divulgar el acuerdo propuesto, debatir el tema públicamente, y anunciar que el acuerdo se había firmado. En otras palabras, la Cancillería ha debido manejar más honestamente todo lo relacionado a la agenda que la presidenta llevó a Washington.
No hacerlo les ha costado caro, porque en menos de 24 horas no solamente se esfumó cualquier entusiasmo que había resultado del encuentro entre Bush y Moscoso, sino que también se sembró la sospecha de que hay otros secretos por revelar. Una de las sospechas sobre la que se murmura insistentemente -sin confirmación, hasta donde he podido palpar- es que Washington está pidiendo acceso militar a sus antiguas bases en el lado Atlántico. De un gobierno sin credibilidad, todo parece posible.
La autora es corresponsal de La Prensa
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