Corrupción: ideas novedosas y positivas
La "Declaración de París contra la gran corrupción" contempla, entre otras medidas, una que exige la suspensión de inmunidades diplomáticas, parlamentarias y judiciales
I. Roberto Eisenmann, Jr.
La corrupción no es una exclusividad de los países en desarrollo; simplemente tiene un impacto social geométricamente mayor cuando se experimenta en un país con un nivel de pobreza como el nuestro.
En la desarrollada Europa vemos casos escandalosos como el que afectó a Helmut Kohl, dirigente demócrata cristiano alemán. Jacques Chirac, el presidente de Francia, afrontó cargos criminales financieros; se salvó gracias a una escandalosa ley de inmunidad. Y ni hablar de Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia que afronta un rosario de acusaciones, y ahora logró copiar a su homólogo francés pasando una igualmente escandalosa ley que ofrece inmunidad a todo italiano que ocupe "altas posiciones estatales". Hay indignación general en Italia por esta ley. Mona Sahlin, una política sueca considerada como futura primera ministra de su país, acaba de destruir su futuro político con un escándalo de corrupción.
Toda esta abrumadora ola de corrupción a nivel de los más altos funcionarios políticos europeos ha conducido a considerar un nuevo instrumento: la orden de arresto Pan-Europea que le provocaría un cortocircuito a las tradicionales solicitudes de extradición que siempre son largas, complejas y preñadas de consideraciones políticas que normalmente las convierten en gestos estériles. De haber un instrumento como esta orden, los efectos positivos en la lucha contra la corrupción serían obvios, al igual que lo son los peligros de caer en manos de fiscales politizados; sin embargo, siento que los sistemas judiciales de los distintos países se elevarían al nivel del más serio y justo. Veamos si se logra su aprobación.
Por otra parte, lo que ocurre con la deuda externa de Iraq -que suma 350 mil millones de dólares (mayormente de Francia y Rusia) cuando la economía, el día que volviera a funcionar a los niveles pre-guerra solo podría servir una deuda máxima de 80 mil millones- ha devuelto a la agenda internacional el tema de las deudas de gobiernos autoritarios y la obligación de pagarlas que pudieran tener los nuevos gobiernos elegidos tras la caída de dichas dictaduras.
El economista Michael Kremer, de la Universidad de Harvard, ha propuesto formalmente el título "deuda odiosa" para identificar dineros prestados a gobiernos dictatoriales odiosos, y su propuesta dictamina que se acepte internacionalmente que los gobiernos elegidos post-dictadura no tendrán obligación legal alguna de pagar "deudas odiosas". De lograrse aprobación de una propuesta semejante, las entidades financieras internacionales públicas y privadas se cuidarían de no hacer este tipo de préstamos o, si los hacen, sería calculando el riesgo claro de no pago al darse un cambio de gobierno. Sería un golpe importante a las dictaduras existentes o en proceso de nacer, y tendría que incluir la más reciente creación política: la autocracia electa.
Hace unos días 14 personalidades especializadas en la lucha contra la corrupción -entre las cuales están el juez español Baltasar Garzón, el juez chileno Juan Guzmán y la ex jueza francesa Eva Joly- lanzaron solemnemente desde la Sorbona la "Declaración de París contra la gran corrupción" en la que, entre otras medidas, se exige la suspensión de inmunidades diplomáticas, parlamentarias y judiciales.
Son ideas cuyo momento puede haber llegado...para beneficio de la humanidad.
El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
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