Se augura feroz batalla por el reparto de poder en la UE
No solo Madrid y Polonia protestaron por la pérdida de poder que supone la toma de decisiones prevista en la Constitución europea, con respecto a Niza
Juan C. González
SALONICA. -Cuando en la madrugada del 11 de diciembre de 2000 los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión finalizaron la cumbre de Niza, los Quince disponían de un nuevo tratado que fijaba el reparto de poder entre los Estados miembros, incluyendo el peso de los entonces 10 candidatos al ingreso del Este y del centro de Europa.
La Conferencia Intergubernamental (CIG) que desembocó en el Tratado de Niza, vigente en la actualidad, evidenció entonces un duro enfrentamiento entre los Estados miembros para garantizarse su cuota de poder en una Unión ampliada. El enfrentamiento de entonces amenaza con convertirse ahora en una lucha feroz en la próxima CIG que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, lanzará a mediados de octubre en Roma.
La situación difiere, sin embargo, de lo ocurrido previamente a las tensas discusiones de Niza. Los Estados miembros disponen ahora de un proyecto de Tratado Constitucional para Europa elaborado con obstinación durante 15 meses por el presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing. Un texto que, según Giscard, fue adoptado por un «amplio consenso».
El ex presidente francés reconoció, al presentar el texto a los líderes europeos, que solo cinco miembros de la Convención sobre un total de 102 se opusieron a su proyecto. Los calificó de «euroescépticos». Pero en su presentación obvió la resistencia de España y Polonia al sistema de votos recogido en la nueva Constitución. Un olvido que corrigieron los jefes de Gobierno y de Estado, José María Aznar y Leszek Miller, respectivamente, cuando les tocó el turno de valorar la propuesta de Valéry Giscard d'Estaing.
La dureza de la batalla que se avecina queda reflejada en la advertencia que lanzó el Gobierno alemán al polaco. Berlín ya avisó a Polonia del peligro que puede correr la política estructural en el futuro si se empeña en defender la postura de Madrid en contra del sistema de doble mayoría, según explican fuentes diplomáticas alemanas. El sistema de votos de la Constitución refuerza el poder y el peso de Alemania, país que con 80 millones de habitantes dispone de una población que duplica a la española y a la polaca.
Pero no solo Madrid y Polonia protestaron por la pérdida de poder que supone la toma de decisiones prevista en la Constitución europea, con respecto a Niza. El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, reconoció que el tema del reparto del poder será «uno de los dos o tres puntos» que quedarán para el final de la nueva CIG, augurando una repetición de Niza que nadie en la UE desea.
Juncker se mostró optimista y recordó que en Niza dos Estados miembros se opusieron tajantemente a un sistema de doble mayoría. Se trataba de España y Francia. El jefe del, por el momento, país más pequeño de la Unión acogió positivamente la entrada de Francia en el club de la doble mayoría. Confía ahora en que, en esta CIG, España también acepte un sistema que, en opinión de Valéry Giscard d'Estaing y del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, es «simple, democrático y comprensible por la opinión pública».
Los partidarios del proyecto de Constitución, como Gerhard Schröder, Tony Blair o Jacques Chirac, alegan el apoyo de la población europea para defender el texto. El último eurobarómetro revela que el 63% de los encuestados apoya una Constitución europea frente al 10% que la rechaza.
Giscard aún tiene hasta el 15 de julio para retocar algunas partes del proyecto. Pero estos cambios se circunscriben estrictamente a cuestiones «meramente técnicas», según las conclusiones de la Cumbre de Salónica, de la parte III del Tratado Constitucional. Se trata de las políticas internas de la UE. Francia intentará, por ejemplo, que la cultura no pueda ser una política común para evitar que se cuestione en foros internacionales su «excepción».
Pero a pesar de que Giscard d'Estaing asumió un amplio apoyo de la Convención a su proyecto, varios Estados miembros expresaron reservas en el Consejo europeo sobre algunos puntos de la Constitución. Estas se centran esencialmente en las cuestiones institucionales.
Gran parte de los pequeños países siguen rechazando la pérdida de un comisario con poder por Estado miembro en la Comisión Europea de 2009. Además de España y Polonia, Juncker contó otros 10 primeros ministros que expresaron serias dudas en el llamado capítulo institucional. Wolfgang Schüssel (Austria), Erkki Tuomioja (Finlandia), Péter Medgyessy (Hungría), o Tassos Papadopoulos (Chipre) figuran entre ellos, según admiten fuentes diplomáticas.
Estos países de tamaño medio o pequeño se resisten a perder poder en el futuro Ejecutivo comunitario. Rechazan, como el propio Romano Prodi, los comisarios castrados. El proyecto de Constitución prevé que en 2009 la Comisión solo esté integrada por 15 miembros (un número inferior a los países miembros) con derecho de voto. El texto de Giscard también fija un principio de rotación igualitaria entre los Estados miembros a la hora de nombrar los componentes de esta Comisión reducida. Una garantía considerada «insuficiente» por estos países.
La reapertura de la batalla de Niza se presenta por lo tanto como inevitable en la Conferencia Intergubernamental. Una posibilidad que amenaza con hacer saltar por los aires el equilibrio de la Constitución. Y ante este riesgo serio, Giscard d'Estaing ya advirtió a los líderes europeos que tengan cuidado en la CIG: «La ruptura del equilibrio puede hacer peligrar la solidez del edificio».
The New York Times Syndicate
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