Un fiscal ambiental y su proyecto de ley
En Panamá existen cinco fiscalías ambientales con sede en cinco provincias distintas
Sofía K. de Kosmas
skosmas@prensa.com
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| La cantidad de colorante derramado en la Bahía de Panamá el pasado
30 de abril, fue de mil 252 galones. |
Cuando el diario La Prensa publicó un reportaje de la agencia noticiosa Tierramérica sobre la sequía de fiscales ambientales en Panamá, el fiscal Giovanni Olmos llamó para
aclarar este planteamiento.
Olmos, que además de ser fiscal quinto de circuito es también el fiscal ambiental de la provincia de Panamá, explica que la Ley 41 de 1998 -la Ley General del Ambiente, la cual creó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)-, también creó las fiscalías ambientales. Es decir, que sí existen, aunque aún no se les ha dado el presupuesto para que puedan funcionar debidamente. Lo que sucede -recalca Olmos- es que hasta la fecha se les ha asignado funciones de fiscalías ambientales a algunos espacios; primero fue la Fiscalía Quinta, la Once y la Doce. "Ahora mismo, somos tres fiscales de circuito que atendemos los asuntos relacionados a delitos contra el medio ambiente", agrega.
Existen cinco fiscalías ambientales distribuidas por todo el país: en la provincia de Panamá, en Colón y San Blas (con sede en Colón), en las provincias centrales (con sede en Coclé), en Chiriquí y Bocas del Toro (con sede en David) y en Darién (con sede en Metetí).
Por otro lado, la aclaración de Olmos acerca de la existencia de fiscales ambientales panameños no podría llegar en un mejor momento. Resulta ser que este fiscal es uno de los propulsores principales del proyecto de Ley No.4, que intenta dotar a Panamá de normas que penalicen las actividades perjudiciales al medio ambiente (proyecto que está actualmente en debate de la Asamblea Legislativa).
"Si bien es cierto que en el año 1998 se crean las fiscalías ambientales, desde ese año se hizo un estudio sobre la realidad jurídica de los delitos ambientales en Panamá", comenta Olmos. Uno de los ejes de este estudio, titulado
Lineamientos Estratégicos para un plan quinquenal de desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá
, es actualizar la vía penal, y así surgió el primer proyecto de ley sobre delitos contra el medio ambiente, el cual fue preparado por el mismo Olmos.
¿Qué es un delito ambiental?
Se considera delito ambiental "toda actividad o acto que está encaminado a poner en peligro los recursos naturales u ocasionar un daño grave que pueda alterar el equilibrio ecológico del medio ambiente", explica el fiscal ambiental. Y justo después de que la Coca Cola vertiera los mil 251 galones de colorante rojo en la Bahía de Panamá el pasado 30 de abril, Olmos reafirma cuán necesaria es esta ley.
"Lamentablemente en Panamá solamente hay dos delitos ambientales: los delitos en contra de los recursos forestales y los delitos contra la vida silvestre", agrega el fiscal.
La fiscalía ambiental se vale de los conocimientos técnicos y peritos de la ANAM para ilustrar científicamente cuando una especie está en peligro, por ejemplo. Este proyecto de ley es el primero que tipificaría los delitos contra el ambiente, de manera que la contaminación de las aguas, por ejemplo, entre otros, sería punible con cárcel.
Pero luego, durante el segundo debate de la Asamblea, el proyecto de Ley No.4 fue suspendido por 10 días, cuando se creó una subcomisión para estudiarlo más a fondo.
Finalmente, después de cuatro años de estudios y más de tres semanas de espera, el pasado viernes, 20 de junio, se inició el segundo debate en el pleno.
Por otro lado, hasta la fecha, no se ha resuelto si la multa de 300 mil dólares otorgada a la empresa Coca Cola por parte de ANAM, seguirá en pie o será disminuida.
Por su parte, el científico Luis D'Croz, del Centro de Investigaciones Tropicales Smithsonian, quien ha estudiado la calidad del agua de la bahía por más de 15 años, insiste en que se necesita reforzar más las medidas para proteger el medio ambiente, el cual le pertenece a todos los ciudadanos.
"Si yo estuviera en mi residencia y alguien por accidente destruye de ella algo, la afecta o la desmejora, yo con toda seguridad pediría que se me repusiera por los daños que se han causado a mi propiedad", opina D'Croz. Y agrega que en ese aspecto, le corresponde al Estado panameño mantener el mismo nivel de celo con la propiedad y patrimonio natural del país.
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