Ordenar el mercado u ordenarle al mercado
Por algún designio extraño y quizá providencial, hasta ahora eventos imprevistos nos han salvado de tener un mercado "ordenado" de combustible
Roberto Brenes P.
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Hace ya varios meses que el Ejecutivo esquiva la discusión abierta de un reglamento que norma la importación y distribución de combustibles en el país y que pretende convertir en decreto ejecutivo en cualquier momento. A juicio de muchos, incluyendo a la CLICAC, el reglamento es anti-mercado y parece únicamente destinado a cambiar el monopolio de refinación por un oligopolio de distribución sesgado hacia los actores actuales del mercado.
Mientras la Dirección de Hidrocarburos del MICI, constituida en verdadera tapia, esconde y no libera para debate público la última versión del reglamento, algunas voces, siempre ligadas a importadores o al Gobierno, hablan en concierto sobre la necesidad de "ordenar el mercado"; un eufemismo para justificar barreras de entrada a la oferta de productos y con ello limitar la competencia en el mercado.
Antes de embarcarse con un reglamento concebido a lo largo de esta peligrosa y costosa vía, el Ejecutivo debería mirarse, entre otros, en el espejo de la industria eléctrica donde un deliberado control de la oferta solo ha creado escasez, precios altos y con ello una población que se siente estafada.
A principios del año pasado, la Refinería Panamá, S.A. voluntariamente solicitó al Gobierno la rescisión del contrato con la Nación que le permitía operar una refinería de petróleo. La solicitud fue simplemente la franca admisión de que ni con protección arancelaria era viable el negocio de refinación en el país. Para el Gobierno, la capitulación de la Refinería Panamá ha debido ser una dorada oportunidad para liberar el mercado petrolero, facilitar nuevas inversiones en distribución local e internacional y para eliminar las distorsiones del mercado.
Después de varios meses de hermetismo, ya hizo público un "proyecto" que intenta normar la importación y la distribución. Contrario a todas las expectativas y a contrapelo de la ciencia económica, el proyecto de reglamento promueve un sistema complicado de licencias de importación plagado de requisitos inútiles y casi imposibles de cumplir, y expande el poder y la discrecionalidad en la concesión de las licencias en la burocracia. Más serio aún el reglamento tenía, y aún mantiene, una norma que impide la importación de derivados de petróleo, por debajo de un precio arbitrario mínimo haciendo imposible siquiera soñar con reducciones futuras de precios.
Las críticas al reglamento han sido graneadas y variadas. Es notable la posición que tomó la propia Comisión de Libre Competencia (CLICAC) que lo critica profusamente y que incluso ha considerado interponer acciones legales si se llegase a aprobar preservando las distorsiones. Dentro de la propia industria petrolera, algunos actores también le han tomado distancia al reglamento en su forma original, buscando su simplificación con normas generales y accesibles. Los otros siguen insistiendo en "ordenar el mercado".
Es curioso que para una y otra facción la palabra "ordenar" tenga dos significados diferentes. Para los pro libre mercado como la propia CLICAC, la palabra "ordenar" significaría "colocar de modo conveniente" y, con ello, lo único que el reglamento debía contener serían reglas simples de debida publicidad acerca de la calidad de los combustibles que se pretenden vender, y un mecanismo fácil para que los importadores liquiden los impuestos que se cargan a los combustibles.
Pero los que abanican la expresión completa "ordenar el mercado" parecieran referirse más a la palabra "ordenar" como "imponer su voluntad o su autoridad con rigor". Bajo esta definición, que se corrobora con lo plasmado en los borradores del reglamento, la intención es imponerle al mercado barreras de entrada, darle mayor discrecionalidad al Gobierno para manejar esas barreras de entrada con requisitos imposibles en la concesión de licencias, y por último altos costos monetarios y no monetarios para operar estas licencias. El resultado final de esta maraña de reglas y papeles parece llamada a desalentar nuevas inversiones o, por lo menos, hacerlas costosas a aquellos que quieran entrar al mercado.
Este empeño por un mercado "ordenado" ha creado una generalizada percepción de intervencionismo y favoritismo que nos perjudica a todos. La reciente exigencia que hacen los transportistas al Gobierno de que les permita importar combustibles libremente y que además se los financie puede ser absurda y exagerada, pero no carece de lógica; si otros gozan de privilegios, ¿por qué no ellos? Otros que perciben el arreglo como una distribución de privilegios son los expendedores independientes, quienes presionan por una fijación de precios que les garantice márgenes fijos, porque no creen que se permita un mercado libre y transparente, y quieren, con toda razón, asegurarse un rédito.
Ciertamente lo más malo de estas medidas es que crean efectos perversos en los precios. El mundo está lleno de casos de lo pernicioso e inútil que resulta el control de la oferta.
Precios crecientes que, cuando se trata de bienes intermedios como los combustibles, crean inflación a lo largo de la cadena productiva; en el caso de los combustibles, estos inciden especialmente sobre sectores tan importantes como la producción agrícola e industrial, el transporte y la generación eléctrica.
Por algún designio extraño y quizá providencial, hasta ahora eventos imprevistos nos han salvado de tener un mercado "ordenado" de combustible. Cuando muchos pensaron que teníamos protección para rato, la propia Refinería renunció a su protección. Cuando en el MICI parecían tener un reglamento listo, los señores del transporte les aguaron la fiesta.
¿No será mejor escuchar estos designios y dejar en la mano invisible del mercado -en vez del pesado pie del Estado- el futuro de la distribución de combustibles?
El autor es presidente de la Fundación Libertad
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