Panamá, 12 de junio de 2003
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El punto más espinoso continúa siendo la creación del consejo directivo, antes conocido como consejo administrativo. Más allá del cambio de nomenclatura, la modificación más sobresaliente es que este consejo será presidido por el administrador de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) y no por el ministro de Economía y Finanzas. No obstante, el legislador del PRD Fredy Torres, proponente del anteproyecto original, se queja de que los miembros del consejo directivo, en su gran mayoría, vienen de las filas gubernamentales. Torres ve con particular cautela la participación del ministro de Gobierno y Justicia, "aunque por debajo del director de la ANAM". El legislador pronosticó que "donde el resto de los directivos gubernamentales vean la presencia del ministro de Gobierno, estarán conscientes de que esa es la voz oficial". Por otro lado, Torres agregó que se ha excluido la participación de "los legítimos dueños de la isla de Coiba", que son los municipios de Montijo, Soná y Las Palmas. "¿Para qué vas a tener al ministro de Gobierno ahí? si su radio de administración es la salvaguarda de todos los hombres y mujeres que habitan el territorio, ¿para qué incluirlo en un consejo directivo ambiental? Incluyamos mejor los municipios", reclamó. El proyecto apenas permite la participación de un representante de todos los municipios colindantes con el Parque Nacional Coiba, "que actuará anualmente de manera rotativa, elegido entre ellos". No especifica, en cambio, cuáles son los municipios sujetos a participación. Por su parte, Líder Sucre, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), considera que el consejo directivo "necesita" la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, "porque es el que tiene los recursos para hacerle frente a varios problemas que hay en Coiba". Entre esos problemas, mencionó la incursión de barcos pesqueros internacionales en los límites del parque y el tráfico de drogas. En ese sentido, Sucre sostiene que en una visita a Coiba, luego del naufragio de una lancha con narcotraficantes a bordo, le tocó ver "pacas de droga que flotaban" en el mar. "Se necesita mucho del apoyo del Servicio Marítimo Nacional, porque el parque afronta problemas que solo Gobierno y Justicia puede manejar", reiteró. En lo que sí parece haber total conformidad, es en lo que respecta al artículo 5 del proyecto de ley, que fue modificado para prohibir expresamente "la construcción de infraestructuras para el desarrollo de alto impacto". Eso significa que lo más cerca que podrá instalarse un hotel del Parque Nacional Coiba es en áreas como Pixbae, Santa Catalina, San Lorenzo y las islas de Cébaco y Gobernadora, que se encuentran fuera de los límites protegidos. Dentro del parque solo se permitirá el funcionamiento de posadas, albergues y "cosas chiquitas, de muy pequeña escala". Según Sucre, "toda la costa del Pacífico de Veraguas es propensa a beneficiarse de esta ley". De hecho, el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) deberá ahora delimitar el establecimiento de la denominada Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional de Veraguas, que específicamente identifica los distritos de Mariato, Montijo, Río de Jesús, Soná y Las Palmas, como "áreas que poseen atractivos para el desarrollo turístico". En lo que respecta a Cébaco y Gobernadora, el proyecto de ley autoriza la titulación y posterior venta de tierras en ambas islas, "respetando los derechos posesorios que actualmente tienen los moradores". Sobre el desarrollo "científico" del "Plan de Manejo" del parque, este será responsabilidad de un "comité científico" integrado por seis miembros: la ANAM, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), la Universidad de Panamá, el Smithsonian, la Dirección de Recursos Marinos de la Autoridad Marítima de Panamá y un representante de organizaciones no gubernamentales, "designados por el consejo directivo". El proyecto, en uno de sus últimos artículos, dispone que el Organo Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los tres meses posteriores a su promulgación en la Gaceta Oficial. "Ya eso mata todo", puntualizó Torres, porque de esa manera, la ley -y, por ende, el parque- "estará sujeta a las ambiciones de los amigos del Gobierno nacional". Sea como sea, Torres opinó que el documento "se puede mejorar" cuando llegue a segundo debate. Sucre coincide en ello. Indicó que queda pendiente "afinar ciertos puntos en segundo debate", aunque reconoció que el proyecto "está muy bueno como está". La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo recomendará la discusión del proyecto en el pleno, con carácter de "urgencia notoria", dado que el actual periodo legislativo culmina el próximo 30 de junio. Además en negocios
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