Demandarán acuerdo en las bananeras
Boris Gomez
ESPECIAL PARA LA PRENSA
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LA PRENSA/Archivo
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Dirigentes obreros prevén que entre 800 y mil personas quedarán desempleadas en las bananeras.
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Un grupo de moradores del Barú preparan una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo marco para la explotación bananera, firmado por el Gobierno y la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMAPUR), que preside el dirigente obrero José Morris Quintero.
En el grupo figuran expulsados del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (SITRACHILCO), miembros de la Cooperativa de Transporte Johny Palacios y dirigentes del Movimiento de Baruenses Unidos (MOBARU), que se consideran afectados por el acuerdo marco.
El abogado Alvaro Muñoz, del MOBARU, resumió que el acuerdo de explotación es inconstitucional, pues debería convertirse en un contrato ley.
"Si esto es así, entonces tendría que pasar por el Organo Legislativo", dijo.
Al margen de este recurso, dijo, hay que entrar en un diálogo para que las luchas para enfrentar el desempleo y los perjuicios provocados por los cambios en la industria bananera sean lo menos impactantes posibles.
"El acuerdo provocará de 800 a mil nuevos desempleados", dijo el abogado.
Esto pasará debido a que el Gobierno nacional no ha contemplado hechos vitales para la economía de la región, como lo es la expansión de la industria del banano, dijo.
"No estamos en desacuerdo en que COOSEMAPUR opere las fincas bananeras, pero esta cooperativa no es garantía de que la producción supere las tres mil hectáreas cultivadas en la actualidad", explicó.
Ahora, en vez de la Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), que alegaba no tener dinero, "tendremos un operador que tampoco va a contar con el capital para aumentar la producción y el resultado será que seguirán por tiempo indefinido terrenos sin cultivar".
Por esto, dijo, apelarán al diálogo la próxima semana para que el Gobierno comprenda que muchas personas necesitan de empleo y una visión clara.
José de la Rosa Carrera, un obrero expulsado del SITRACHILCO, dijo que el acuerdo riñe con normas laborales estipuladas en el Código de Trabajo.
"Hay violaciones en distintos puntos: despidos masivos, afiliación de obreros a la cooperativa y accidentes de trabajo", indicó.
Manuel Doronzol, de la Cooperativo Johny Palacios, indicó que la COOSEMAPUR les anunció que no seguirá pagando el servicio de transporte escolar como lo hacía PAFCO para los hijos de los trabajadores bananeros. Esto dará como resultado que la cooperativa de transporte, que tiene 48 trabajadores y una deuda en vehículos de casi 70 mil dólares, vaya al descalabro, dijo Doronzol.
El acuerdo marco establece que el nuevo operador debe cumplir con todas las obligaciones y derechos que tiene el antiguo operario, pero Morris Quintero anunció que no puede pagar el transporte escolar y eso crea una gran incertidumbre, indicó Doronzol.
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