Sossa insiste en que tiene las manos atadas
JEAN MARCEL CHÉRY
mchery@prensa.com
El procurador José Antonio Sossa insistió ayer en que tiene las "manos amarradas" para perseguir a los funcionarios públicos que comentan actos de corrupción, debido a los efectos de la Ley 59, sancionada el 29 de diciembre de 1999 por la presidenta Mireya Moscoso y que obliga a aportar pruebas sumarias a quienes interpongan denuncias de enriquecimiento ilícito.
Sossa también anunció que volverá a presentar un proyecto de ley que permite a cualquier persona denunciar a funcionarios de alta jerarquía por enriquecimiento ilícito sin la necesidad de aportar las pruebas sumarias, aunque recientemente la mandataria Moscoso vetó una proyecto idéntico.
Agregó que "mantengo mi posición: la Ley 59 de 1999 afectó grandemente las facultades del Ministerio Público para investigar los delitos de corrupción".
Aunque el Ministerio Público y el Organo Ejecutivo han sido antagónicos en cuanto a la obligación o no de aportar pruebas sumarias para investigar el enriquecimiento ilícito, Sossa atribuyó la "confrontación" a las supuestas intenciones de un periódico, cuyo nombre no mencionó, al que -según él- "le encanta atizar conflictos entre los funcionarios".
El procurador también aseguró que hay un "sinnúmero de funcionarios sindicados" por actos de corrupción, al referirse al reto que le hizo la mandataria Moscoso de exponer los nombres de los funcionarios corruptos que supuestamente el Ministerio Público no ha podido perseguir.
"En cuanto al listado de casos de corrupción, usted simplemente tiene que pasarse por la fiscalías anticorrupción (...) por supuesto que mientras que el caso está en investigación no podemos dar los nombres, pero vaya a los juzgados y pregunte cuántos casos hay y van a encontrar un sinnúmero de funcionarios públicos sindicados", afirmó Sossa.
Añadió que cuando se habla de la comisión de algún tipo de delito "se quiere escuchar el nombre de no sé quién y se olvida que los criminales son todos iguales".
A juicio de Sossa, la ley sancionada por Moscoso le quitó competencia al Ministerio Público. Hoy día no tenemos competencia en el Ministerio Público para investigar los delitos de corrupción, por lo cual insistimos en que esa ley tiene que ser modificada, anotó.
Igualmente, indicó Sossa que se reunió con el contralor Alvin Weeden, y acordaron buscar la redacción de un proyecto de ley que le permita al Ministerio Público perseguir el enriquecimiento ilícito "sin abusos".
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