Panamá, 25 de mayo de 2003
 
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Investigan posible lesión patrimonial

RAFAEL PEREZ
rperez@prensa.com

Una auditoría para determinar una posible lesión patrimonial inició la Contraloría General de la República en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP), luego de que se diera la concesión o arrendamiento de un local que opera en las instalaciones de esa unidad académica, cuyo contrato no fue refrendado.

El referido contrato fue suscrito entre el decano Franklin Miranda y el representante de la empresa Redspan, S.A., cuyo agente residente es la firma forense Rosas & Rosas, entre cuyos socios figura el legislador molinera Jorge Alberto Rosas.

La diligencia se inició tras una denuncia ciudadana interpuesta ante la Contraloría por los propios estudiantes de esa facultad, quienes advertían que el mencionado local en donde se alquila el servicio de computadoras y se venden otros productos, entre ellos alimentos, era una competencia desleal para la cafetería que opera en esa unidad.

El contrato, cuya vigencia es de tres años prorrogables a siete de manera automática, contempla el pago de arrendamiento de 311 dólares mensuales, y ha sido cuestionado por el propio contralor Alvin Weeden, debido que no se cumplieron los procedimientos establecidos en la ley. Con la operación de este local, a juicio del contralor, se afectan bienes públicos.

Weeden, en carta enviada a las autoridades universitarias, ordenó que adoptaran las acciones conducentes para el cierre efectivo de las actividades que desarrolla la empresa Redspan, S.A., porque se está permitiendo de una manera ilícita "la afectación de bienes públicos".

Fuentes allegadas al decanato de Derecho indicaron que las autoridades elevaron consultas, entre ellas a la Procuraduría de la Administración, antes de suscribir el referido convenio.


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