Sobre nombramientos de magistrados y procuradores
Los últimos presidentes han convertido a la Corte Suprema y a la Procuraduría en subterráneos politiqueros
Eugenio L. Morice
eugeniomorice@yahoo.com
Extraviado juicio del Ejecutivo de nombrar -y de la Asamblea de aprobar- magistrados de la Corte Suprema o procuradores, quienes pocos días, semanas o años antes fueron legisladores o ministros o asesores en la Asamblea. La insensatez la encontramos en la causal de impedimento del ordinal 2 del Art. 2571 del Código Judicial que lee: "Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición". De ahí que los susodichos funcionarios están vedados de arbitrar o ser consultados sobre recursos contra leyes, decretos de gabinete, decretos leyes, etc. de los que, de una manera u otra, pudieron tener participación en sus formulaciones.
Los últimos presidentes han convertido a la Corte Suprema y Procuraduría en subterráneos politiqueros, donde privan en la designación de sus componentes, desde arriba hacia abajo, las camaraderías personales y políticas por encima del mérito e independencia judicial; no extraña que en nuestro país se bandeé insólitamente tanto la inseguridad como la ineptitud jurídica y otros vicios que muestran a propios y extraños cuán voluble puede resultar la justicia istmeña. De ahí que por un lado la Corte de hoy rechaza demanda por daños contra el Estado por no ceñirse a un proceso contencioso administrativo (caso de los atropellados empleados de La Prensa) y, por el otro, en 1990 acogió la ruta civil (caso de la represión en el parque de la Catedral de 1984).
Hemos visto que un presidente electo por una paupérrima minoría, aun sin posesionarse, le ofreció la Procuraduría a un legislador, a quien eventualmente nombra sin importarle que hubiere participado en la preparación y expedición de leyes; mientras que en la Suprema a un viceministro de Estado, cuando del gabinete surgen incontables actos y proyectos de ley recurribles. También se dio el caché de situar en la Suprema a quien fungió como asesor de incontables leyes en la Asamblea durante varios períodos.
La alta politiquería continuó con la siguiente mandataria, quien designó magistrado a un asesor presidencial, coordinador de Comisión para la Institucionalidad y ex ministro de Estado. No siendo suficiente, tras días de sus provechosas renuncias a legislatura y cargos ministeriales, nombró magistrados a un trío con el fin de superar el dominio de su antecesor en la cúspide judicial que resguarda, a futuro, la inimputabilidad propia y la de su equipo, así como las desafortunadas normas y actos que deparan privilegios e injusticias.
Del recién nombrado magistrado que ejerció el cargo de legislador por quinquenios, donde intervino en la preparación y expedición de una pluralidad de leyes, se auguran múltiples peticiones de impedimento, entre las cuales prontamente solicitaré en recurso contra normas del mal entronizado Código Electoral sin dejar por fuera al procurador, ya que ambos guardan quehaceres en la elaboración de las acusadas.
No se le ocurrió a los que impugnaron la delictiva norma del reparto de escaños por residuo que en su vista el procurador defendería, armado de los vicios de la retórica, la que él aprobó como legislador; o que la Suprema accedería a declarar inconstitucional al nefasto residuo que contribuyó a conformar la ecuación legislativa a la que deben sus ratificaciones.
Esos reprochables memoran a Roberto Dromi en Los jueces. ¿Es la justicia un tercio del poder?: "La sospecha de parcialidad de un juez no es buena...existe una dolorosa sensación de inseguridad en los justiciables (ciudadanos), cuando ven convertir el juicio...en una mercancía más del juego del poder". Paréntesis nuestro.
El autor es abogado
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