Tres casos
de crímenes sin castigo
Nos urge fortalecer nuestra legislación interna. Si nosotros no protegemos lo nuestro, ningún otro país lo hará
Betty Brannan Jaén
laprensadc@aol.com
WASHINGTON, D.C. -Para Interpol, el saqueo del Museo Arqueológico de Panamá es un simple caso de hurto, porque así lo reportaron las autoridades panameñas.
Los investigadores, por supuesto, han tenido bien claro que el hurto de 292 piezas de museo no es lo mismo que el robo de una bicicleta, pero aun así, el hecho deplorable es que la legislación penal panameña no cataloga como delito específico el robo deliberado de antigüedades irremplazables que pertenecen a la nación y que son parte clave de su patrimonio histórico y cultural.
Ante eso, la información que tengo es que las autoridades panameñas no tuvieron más remedio que reportarle el caso a la Interpol (Servicio Internacional de Policía) como un simple caso de hurto. Por las mismas razones, el fiscal que maneja el caso dice que seis años de cárcel es la pena máxima para los responsables del robo.
Lo que esa pena escandalosamente irrisoria comprueba es que el robo de tesoros arqueológicos -por descarado que sea el delito y valiosos los objetos hurtados- es un crimen que no se castiga en Panamá. Tenemos una legislación penal que no se ocupa de proteger nuestros tesoros patrimoniales ni de proteger el contenido de nuestros museos. Tanto en lo jurídico como en lo práctico, la realidad panameña es que la cosa pública existe para ser saqueada por los funcionarios de turno.
Así las cosas, ¿qué podemos esperar del desenlace de este caso? Temo que muy poco. En primer lugar, no nos debe sorprender que los que saquearon el Museo Arqueológico puedan haber sido "ratones de casa". Es más, estoy convencida de que estos estaban bajo la tutela de unos "monos gordos de casa" que jamás saldrán a relucir públicamente en la investigación. De allí me aventuro a plantear que aunque exista la leve posibilidad de que algunos ratoncitos expiatorios sean condenados, lo más probable es que el caso termine en nada. ¿Cuándo hemos visto en Panamá que un funcionario sea condenado y enviado a la cárcel por el robo de bienes públicos? Que yo recuerde, nunca.
En cualquier idioma y en cualquier país, eso se llama impunidad. Tanto en Panamá como en otros países, lamentablemente, esa impunidad incentiva el tráfico ilícito de objetos arqueológicos y citaré tres casos que ilustran el hecho.
El primer caso es nada menos que el del panameño Francisco Iglesias, cónsul en Nueva York durante el gobierno de Pérez Balladares. Los perredistas que hoy critican al gobierno mireyista por el caso de las huacas robadas, olvidan mencionar que Estados Unidos mantiene un encausamiento penal contra Iglesias por supuesta complicidad en un contrabando, en 1997, de una huaca peruana que pretendían vender en 1.6 millón de dólares. Según el FBI (Buró Federal de Investigaciones), los contrabandistas peruanos llegaron al encuentro con el supuesto comprador de la huaca (que era en verdad un agente encubierto) en una limosina con placa diplomática, de la que Iglesias descendió y entregó al supuesto comprador una tarjeta de presentación que lo identificaba como el cónsul general de Panamá. Iglesias huyó a Panamá y los dos peruanos recibieron una pena de nueve meses en la cárcel. (Ver www.fbi.gov/hq/cid/arttheft/southamerica/peru/peruvian.htm).
Otro caso es el de Frank Joseph Stegmeier, encausado en 1994 en Seattle por estafa con tarjetas de crédito y por tener antigüedades robadas. Aunque le confiscaron un buen número de piezas arqueológicas de Panamá y otros países, y todas estas fueron devueltas a sus países de origen, Stegmeier no recibió un día de cárcel por la posesión ilícita de esos objetos. Solo condenaron a Stegmeier a 41 meses de cárcel por la estafa.
El último caso es el de Frederick Schultz, una figura prominente en Nueva York, que fue condenado en 2000 por tener una valiosísima escultura antigua, robada de Egipto. Lo condenaron a 33 meses de cárcel por encima de las protestas de numerosos dueños de museos y galerías de arte que reclaman que "el negocio de las antigüedades" se acabará si se aplican reglas muy estrictas. Hasta donde he podido averiguar, Schultz está libre bajo fianza mientras se apela su condena.
Lo que estos tres casos muestran es que no podemos depender de que Estados Unidos -el mercado más importante para antigüedades- castigue este tráfico ilícito. Si la semana pasada escribí que tenemos que fortalecer los acuerdos con Estados Unidos sobre el tema, lo que hoy quiero enfatizar es que también nos urge fortalecer nuestra legislación interna. Si nosotros no protegemos lo nuestro, ningún otro país lo hará.
La autora es corresponsal de La Prensa
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