Proponen cambios en la estructura del Ente
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
El legislador Francisco Reyes presentó un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, propone reducir el número de directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos de tres a uno.
El anteproyecto de ley No. 162 -que modifica la Ley No. 26 de 1996, que crea el ERSP- considera que la institución debe ser dirigida y administrada por una junta directiva compuesta por un director general y dos subdirectores (uno administrativo y otro de operaciones).
Actualmente, la junta directiva del ERSP la integran tres directores principales: Alex Anel Arroyo -que la preside-, Carlos Rodríguez y José Domingo Palermo. Se intentó conocer las opiniones de Arroyo sobre el anteproyecto propuesto, pero este declinó atender a La Prensa.
De tasas y Fondos...
El anteproyecto de ley No. 162 también plantea derogar la "tasa de regulación" que actualmente pagan todas las empresas de servicios públicos y que corresponde al 1% de los ingresos brutos generados el año inmediatamente anterior por cada una de estas prestadoras.
En su lugar, el anteproyecto propone crear un Fondo de Compensación, con la finalidad de que el Estado afronte los costos que puedan surgir "provocados por alzas extremas e imprevistas de los precios del petróleo y sus derivados", de tal manera que estos vaivenes no incidan en las tarifas a los usuarios.
El referido "fondo" estaría compuesto por el 0.5% de los ingresos brutos generados el año inmediatamente anterior por las prestadoras.
Igualmente, se establece que el 1% de los ingresos brutos generados por las prestadoras será empleado como un "aporte coyuntural" que, entre otras cosas, será entregado al Hospital Oncológico Nacional, el Hospital del Niño y el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
El anteproyecto concluye que corresponderá al Ejecutivo incluir en el presupuesto de rentas y gastos de 2004, los gastos de operación y funcionamiento del ERSP.
Para Reyes, urge modificar la estructura del ERSP, dado que esta institución "ha defraudado al pueblo panameño mediante una actuación pobre, falta de lustre y colorido, en beneficio de las empresas transnacionales que prestan los servicios públicos de telecomunicaciones y electricidad". Reyes recordó que, aunque el Estado es un accionista importante en muchas de las prestadoras de servicios públicos, "desconocemos las intimidades financieras de nuestros socios".
Para "corregir" este "mal", el legislador propone que las empresas presenten un informe financiero auditado, "que no tenga carácter de confidencialidad", sobre el estado de los servicios públicos y que incluye recomendaciones para mejorar, mantener o incrementar la competencia, o bien "evitar abuso de posiciones dominantes".
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