De la inmunidad a la impunidad
Los atropellos del IICA están perjudicando la buena marcha de programas y proyectos, y a los funcionarios panameños que ahí laboran
Gloriela Rudas
yeyets@hotmail.com
Desde hace algún tiempo, el tema de la inmunidad y la impunidad se ha convertido en un asunto de debate, en especial cuando ambos conceptos son aplicados al ámbito laboral y se extienden a organismos internacionales y agencias de cooperación, que parecen gozar en Panamá de patente de corso para eludir y desconocer los reclamos a causa de atropellos y excesos.
Uno de esos casos graves, en los que la justicia debe despojarse de la pañoleta que cubre sus ojos, sucede en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se han generado conflictos como resultado de esta práctica, ajena al espíritu de desarrollo y cooperación, gracias a la actitud indiferente del MIDA a quien toca velar por el fiel cumplimiento y apego al acuerdo que regula la administración de fondos para la contratación de bienes, obras y servicios por parte de IICA. No obstante, los atropellos del IICA vienen perjudicando además de la ejecución y buena marcha de programas y proyectos como: Pobreza Rural, Triple C, y Modernización de los Servicios Agropecuarios, entre otros, a los mismos funcionarios panameños que ahí laboran.
La aplicación de medidas inconsultas, adoptadas en base a interpretaciones unilaterales del Decreto de Gabinete No.280 del 13 de agosto de 1970, sobre Privilegios e Inmunidades Diplomáticas y Consulares, ha sido, y es, el eje de controversias entre el IICA, técnicos que fueron cesados en sus funciones en los programas señalados y algunas veces hasta con el mismo MIDA a quien trasladó la responsabilidad contractual en materia laboral en abierta contradicción con su mismísimo acuerdo básico.
Es posible que otros temas de trascendencia nacional e internacional estén dejando de lado algunas de estas situaciones domésticas, cuyas implicaciones podrían causar malestar en un considerable sector de la sociedad, al sentar un precedente nefasto a propósito de las constantes violaciones a los derechos y garantías de los funcionarios contratados por organismos internacionales como IICA, que ha incurrido en prácticas absurdas y arbitrarias, como las retenciones de salarios, cálculos inexactos en las liquidaciones, incumplimiento de contrato, desconocimiento del fuero maternal y hasta trato cruel según manifiestan los agraviados.
Resulta entonces importante la intervención de las autoridades, a fin de tomar cartas en el asunto, llamando al cumplimiento del ordenamiento jurídico. El Decreto 280 debe ser entendido como una cortesía subordinada a la observancia de la más estricta reciprocidad internacional y, en ningún caso, como una patente de corso para el desconocimiento de los derechos.
Sabemos que hay organismos serios que en materia de macro-programas y proyectos de Gobierno que cuentan con el co-financiamiento de instituciones internacionales de crédito como BID y Banco Mundial, entre otras, mantienen una estructura debidamente supervisada y en armónica colaboración con las autoridades de Gobierno responsables de la ejecución física y financiera de los mismos.
Llama a la reflexión que en noviembre próximo la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), teniendo como sede nuestro país, llevará a cabo la segunda reunión ministerial sobre agricultura y vida rural en busca del consenso y consolidación de estrategias de desarrollo coincidentes con las agendas nacionales de los gobiernos parte, de forma tal que sirvan de orientación al rol participativo del IICA. En nuestro caso, frente a la ya conocida situación del Panamá rural y la inconformidad manifiesta de un significativo sector de la producción agropecuaria por un lado, y el reducido aporte en materia de asistencia técnica por parte de IICA, parece irónico que frente a sus ejecutorias uno y otro organismo puedan ser modelos a seguir.
No obstante, las autoridades de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo y, por supuesto, la Procuraduría de la Administración podrían entrar a conocer el fondo de estas irregularidades en beneficio de un significativo grupo de panameños que hoy se ven afectados sin encontrar eco en la respectiva entidad nominadora, la cual peca evidentemente por omisión e ignorancia inexcusable de la ley, permitiendo que en lugar de inmunidad hay impunidad.
La autora es analista de sistemas y estudiante de derecho y ciencias políticas
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