Sobre multas ecológicasy otros absurdos
Urge implantar una política ambiental compartida con la sociedad civil, además de los mecanismos legales y un proceso expedito dentro del Código Penal que permita castigar a los infractores
Alvaro González Clare
Las múltiples noticias y denuncias de daños ecológicos que han sido ampliamente divulgadas por los medios locales, demuestran que la situación medio ambiental está haciendo crisis. Todo parece indicar que las autoridades que tienen la responsabilidad respectiva no pueden detener y menos corregir los sistemáticos atentados que panameños desnaturalizados e inconscientes producen contra el entorno vital que todos habitamos. Ante las denuncias, solo recibimos excusas irresponsables de los delincuentes, y de parte de las autoridades, comunicados para explicar sus medias verdades. En el mejor de los casos, aplican multas que de nada sirven para mitigar los daños que han causado.
En su momento, me correspondió participar y aportar en la preparación del acuerdo municipal que regula la tala y poda de la foresta urbana, en el cual se acordó novedosamente multar a los que violan las disposiciones con sanciones económicas de hasta 5 mil dólares. Después de varios años, durante los cuales el Municipio de Panamá ha aplicado el acuerdo y multado constantemente a los infractores, puedo concluir con tristeza que este sistema punitivo de nada ha servido. La destrucción de los árboles en la ciudad es sistemática; los ciudadanos, y particularmente los constructores, siguen talando los árboles sin ninguna consideración y el municipio nada hace para mitigar los daños con los fondos de las multas recaudadas.
Presento esta situación que, por ser análoga, me permite hacer algunos comentarios sobre las multas que particularmente la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha aplicado en casos recientes de daños ecológicos. Puedo presumir que los fondos recaudados por las multas, si no son apeladas y condonadas dentro de un par de años en el sistema judicial, al igual que el caso de las multas cobradas por el municipio en la tala de árboles, pasan a ser parte del incipiente presupuesto de la institución, e igualmente de nada sirven para mitigar los daños ambientales que ya causaron.
La ANAM hace comentarios a la noticia publicada en La Prensa del 29 de abril, "Depredación ecológica", que denuncia la extracción de tucas de madera de los bosques de Darién. En dicho comunicado, las estadísticas y gráficas que utiliza la ANAM indican que la "movilización" de madera autorizada en el primer cuatrimestre del año 2003, fue de 4 mil 576. 66 metros cúbicos, demostrando con este dato la mayor tendencia bajista desde 1982, además de enfatizar que actualmente "no existen concesiones forestales en Darién". Esta información no coincide con la noticia gráfica publicada en el mismo diario el 3 de mayo en el segmento "Imágenes". De acuerdo con la redacción de La Prensa, que concluye que cada año se sacan de la zona 108 mil troncos. Si sustento mis argumentos en esta información y presumo que un tronco promedio puede tener 7 metros cúbicos de madera, mi matemática indica que este año se "movilizarán" 756 mil metros cúbicos. Esta cifra contrasta elocuentemente con lo indicado por la ANAM en su comunicado que autoriza la movilización anual de 13 mil 728 metros cúbicos, basándome en una proyección del primer cuatrimestre. Todo parece indicar que las cifras de la ANAM no coinciden con la realidad. Lo que no entendemos es la desconcertante discrepancia. Si no hay concesiones forestales y solo están vigentes seis permisos comunitarios en áreas de comarcas indígenas, ¿quién moviliza la madera, adónde van a parar los troncos que aparecen diariamente en los camiones y quién está haciendo el negocio, y, sobre todo, qué hacen con las multas y las confiscaciones de tucas que les aplican a los propietarios de permisos que sobrepasan los límites otorgados?
Este verano, los pobladores de esta tierra hemos sido mudos testigos de la incineración de 21 mil 600 hectáreas de bosques, montes, potreros y rastrojos, sin que medie sanción a los causantes de este crimen ecológico. El proyecto de ley No. 4, "con el cual se adiciona al Código Penal el Título XIII referente a los delitos contra el medio ambiente", propone que las quemas sean consideradas delitos penales sancionados con cárcel. Los legisladores han decidido en el primer debate eliminar el artículo 402, por considerar que las quemas no merecen ser delitos tratados en el Código Penal, por ser "meras faltas administrativas". Con el mismo descaro con que pretenden convencernos de este exabrupto moral, quieren ignorar que la causa jurídica que ha generado y sigue ocasionando, verano tras verano, la tragedia de las quemas en todo el territorio nacional es la Ley de la Reforma Agraria que condiciona a los campesinos y colonos forestales a talar y quemar el bosque para poder reclamar y titular "derechos posesorios". Obviamente, imponerles escuálidas multas no es el mecanismo que va a detener, y menos a recuperar, los daños forestales que causan. Para los legisladores es más importante mantener en la lista de su clientelismo político como posibles votantes para la próxima campaña a los ganaderos de subsistencia y a los pobres ignorantes que practican la fatídica costumbre de roza y quema, en vez de legislar para corregir este absurdo jurídico, causa y origen de esta tragedia nacional que amenaza con la propia sobrevivencia de todos los habitantes de la nación.
Solo un cambio inducido a través de la educación ambiental, que forme parte sustantiva del programa nacional del Ministerio de Educación, podría producir una reingeniería en la cultura medio ambiental de los panameños. Una vez que el Gobierno se decida, tomaría por lo menos una generación para que podamos ver los resultados positivos. Al ritmo de destrucción de los bosques que llevamos, dentro de los próximos 15 años no quedará nada que proteger. Reconocido esto, la estrategia de aplicar multas a los delincuentes que dañan el medio ambiente y a los ignorantes que queman los bosques y potreros, no es el mecanismo que nos va a librar de la ya advertida tragedia ecológica. Si pretendemos evitarla, antes de que surja una nueva generación de panameños con conciencia ambiental, urge implantar una política ambiental compartida con la sociedad civil, además de los mecanismos legales y un proceso expedito dentro del Código Penal que permita castigar severamente a los infractores.
El autor es arquitecto
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