No robaron en el Prado
Las autoridades no deben ser tan "pichicumas" con el patrimonio cultural, y deben otorgarle a los museos los recursos indispensables para sobrevivir con seguridad
Rafael Candanedo
rcandanedo@prensa.com
Imaginemos que desaparece del Museo del Prado de Madrid la mitad de las 8 mil 700 pinturas recogidas durante varios siglos. Son hurtados los Velásquez y los Goya y se esfuman El jardín de las delicias, El triunfo de la muerte, La adoración de los pastores y Saturno devorando a su hijo. Se ha roto la tarjeta postal de España. Son activados los sistemas de seguridad. Interviene el rey, la reina, el presidente del Gobierno, se forman comisiones investigadoras en el Congreso. Se pide ayuda a la Interpol y a la Unión Europea (UE). La batahola es tan grande, que el hurto llega a la CNN y a las Naciones Unidas. Se pronuncian gobernantes extranjeros.
Guardando las proporciones y en un escenario más precario, de esa magnitud es el hurto cometido hace tres meses, con premeditación, a la luz del día y sin violencia, en la Sala del Oro del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, ubicado en la antigua Estación del Ferrocarril, en la Plaza 5 de Mayo.
El saqueo -esa es la palabra- del patrimonio nacional, recuperado en el 95% esta semana, no conmovió como no suelen conmover estos asuntos a la clase dirigente.
A los órganos del Estado -no nos engañemos- no les importan los museos y su orfandad. Ni antes ni durante ni después del "hurto del centenario". Al Ejecutivo, por ejemplo, le interesa mucho más que el país sea sede del certamen Miss Universo, al que se le han prodigado partidas especiales de varios miles de dólares.
Ese Ejecutivo suspendió en 2002 una partida de 145 mil dólares -una cifra irrisoria si se compara con lo desembolsado para la fiesta de las misses- con la que se compensaría una licitación pública otorgada para la habilitación de la planta baja de la antigua Estación del Ferrocarril, hoy desmantelada y sin que a nadie le avergüence ni tenga sentimientos encontrados de conciencia.
Significó un alivio el recobro del 95% de las 292 piezas hurtadas -poco menos de la mitad de lo exhibido en la Sala del Oro, donde hay manifestaciones que se remontan al siglo III-, sin embargo persiste el mal sabor de boca de cómo se atiende todo lo que tiene que ver con la cultura panameña.
Olvidan las autoridades o no saben el Artículo 81 de la Constitución que establece que "constituyen el patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, los monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño", y obliga al Estado a garantizar su custodia.
Lo que fue recuperado representa uno de los puntos más altos del desarrollo de la orfebrería precolombina en el continente y muestra la habilidad de nuestros antepasados en el trabajo manual con metales. Son expresiones de todas las regiones -de lo que hoy es Panamá, Azuero, Coclé, Veraguas y Chiriquí.
Son materiales valiosos, difíciles de obtener y cuya reunión demoró décadas.
Las autoridades no deben ser tan pichicumas con el patrimonio cultural, y deben otorgarle a los museos los recursos indispensables para sobrevivir con la seguridad necesaria, y deben legislar para que este tipo de delitos sean considerados "crímenes hediondos" y que las sanciones no sean las que se aplican a un ladrón de gallinas.
El autor es filólogo y periodista
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