Publicidad para los amigos
JUAN LUIS BATISTA
jlbatista@prensa.com
¿Cuál es el criterio para asignar publicidad oficial en el gobierno de Mireya Moscoso? No hay un método científico. Todo depende de "la discrecionalidad" del funcionario a cargo de una institución u oficina pública.
Esa fue la respuesta que dio ayer el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, al ser consultado sobre este tema que subyace en el debate sobre la libertad de prensa.
"El criterio es discrecional de cada jefe de institución", insistió el funcionario.
Pérez, influyente miembro del directorio nacional del gobernante Partido Arnulfista, negó que el gobierno de Moscoso utilice la publicidad oficial como una forma de "presionar" o "beneficiar" a alguien.
Si eso fuera cierto -prosiguió- el gobierno tendría "buena publicidad" en los medios. "Y nosotros no estamos teniendo buena publicidad, a pesar de que este gobierno ha hecho mejores ejecutorias que el gobierno de (Ernesto) Pérez Balladares", se quejó.
En un rápido balance sobre los medios "amigables", Pérez dijo que en televisión el Gobierno tiene a la estatal Radio y Televisión Educativa (RTVE); en radio, si acaso tres o cuatro emisoras; y en diarios, La Estrella de Panamá, "que podría considerarse como amiga".
De hecho, la decana del periodismo en Panamá hoy está en manos de Augusto "Onasis" García, cercano colaborador de Mireya Moscoso.
Es precisamente en este diario donde el Estado invirtió el 40% de su publicidad en diarios en los primeros cuatro meses del 2003, según reportes de la empresa de monitoreo Controles de Inversión Publicitaria, S.A (ver
gráfica).
Si se analiza la circulación de los diarios, esa "discrecionalidad" de la que
habla Pérez salta a la vista. La Estrella de Panamá, con un máximo de 5 mil ejemplares
en la calle al día, tiene el 40% de la inversión frente a Crítica Libre (9.21%)
o La Prensa (13.47%), diarios que superan con creces la circulación de La Estrella
(ver
gráfica)
Las declaraciones de Pérez surgen a propósito de los señalamientos del ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Danilo Arbilla, quien plantea que la discriminación por razones políticas o personales en la asignación de publicidad oficial en América Latina constituye un acto de corrupción.
Precisamente Arbilla, en 1995, formó parte de una delegación de la SIP que visitó Panamá para constatar la situación por la que atravesaba La Estrella de Panamá, diario al que el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares había suprimido toda la publicidad estatal. Paradójicamente, hoy ocurre todo lo contrario.
La dudosa asignación de la publicidad estatal no es un tema exclusivo del gobierno central. Recientemente el contralor Alvin Weeden cuestionó al director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, por la designación de publicidad a comentaristas afines a su persona.
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