¿Quién paga la negligencia?
Hay varios aspectos financieros y no financierosinvolucrados en el desarrollo sostenible, pero el más importante quizá sea el compromiso con las futuras generaciones
Elizabeth Garrido A.
egarrido@prensa.com
La irresponsabilidad de hoy es el dolor de cabeza de mañana. En materia ambientalista se podría decir que la negligencia operativa de las empresas se convertirá más temprano que tarde en el pago imprevisto -y no menos doloroso- de varios miles de dólares.
Esto quedó evidenciado, si no ocurre algún cambio inesperado, en las sanciones que impuso la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a las empresas que contribuyeron a la contaminación del ambiente capitalino.
Los "hurras" por tal decisión no se hicieron esperar. Sin embargo, el caso de la generadora eléctrica Aes Panamá y de la embotelladora Coca-Cola -multadas esta semana por la ANAM- son solo la punta del iceberg de un sinnúmero de actividades que también dañan el ambiente.
Al parecer hay que esperar que los daños sean sumamente visibles para que se tomen medidas al respecto.
Pero más allá de los dos casos conocidos y debatidos por la opinión pública, habría que evaluar varios aspectos que se desprenden de la negligencia operativa de las empresas en perjuicio del ambiente y, por ende, de la sociedad actual y de las futuras generaciones.
No solo de las grandes empresas sino también de cualquier agente económico que participe del desarrollo sostenible del país.
El problema al parecer es que para cumplir con el mínimo indispensable de salud ambiental hay que considerar ciertas implicaciones financieras que no todos están dispuestos a asumir.
Hay quienes se preguntan, por ejemplo, ¿cuánto le costaría a una empresa dejar de contaminar? ¿Cuánto le costaría al ciudadano circunvecino de la empresa permitir que esta siga contaminando?
Cada quien tiene su cuota de responsabilidad por la conservación del ambiente, pero los actores económicos son responsables directos del desarrollo sostenible del país.
Si este desarrollo al que aspiramos es ignorado, entonces la capacidad de la sociedad de satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas de sus miembros -sin comprometer a las futuras generaciones- para satisfacer las propias, será solo letra muerta.
Por lo cual habría que replantearse las preguntas y resumirlas en una sola: ¿quién verdaderamente pagará esta negligencia?
La autora es periodista
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