Grupos rechazan reformas mineras
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
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LA PRENSA/Archivo
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Un ingeniero observa los trabajos que se realizaban en una de las minas que recientemente eran explotadas en la provincia de Veraguas.
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Grupos ambientalistas, de derechos humanos y comunitarios expresaron su "total rechazo" a las reformas propuestas al Código Minero, por considerar que estas son "anticonstitucionales" y constituyen un "real peligro" para la economía y la sociedad panameña.
La Iniciativa para la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), un colectivo que agrupa a 12 organizaciones no gubernamentales, se opone a las reformas propuestas porque estas pretenden "que un patrimonio del Estado sea un bien de los agentes del mercado, dejando abierta su apropiación y transnacionalización", lo que es violatorio del artículo 254 de la Constitución Nacional.
"El recurso de todos va a ser propiedad de unos cuantos", indicó Aura Aguirre, de la Unión de Ciudadanas de Panamá, miembro de ISCA.
El anteproyecto que reforma el Código Minero, que data de 1940, fue preparado por el Ministerio de Comercio e Industrias a un costo de 565 mil dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El anteproyecto podría ser presentado a la Asamblea Legislativa a mediados de año.
Un documento preparado por ISCA pone de manifiesto que las reformas propuestas plantean que "la concesión minera de explotación tendrá una duración indefinida", lo que -a juicio de ISCA- "amarra" al Estado panameño a una relación de perpetuidad, "donde la población lleva las de perder y la empresa [privada] todas las ventajas, ya que si la extracción le es rentable, se mantendrá al día en el cumplimiento de sus obligaciones".
Adicional, las reformas no especifican los mecanismos que se emplearán para otorgar concesiones mineras.
El colectivo también denuncia que las reformas pretenden "flexibilizar" las sanciones que serán aplicadas a quienes cometan daños ambientales, dado que estas incorporan amonestaciones escritas. Ello, a juicio de ISCA, resulta "inconveniente... debido al tipo de riesgo que implica la actividad minera". Reiteran que las sanciones deben someterse a lo ya establecido en el artículo 114 de la Ley 41 de 1998.
Gabriel Despaigne, de ISCA, señaló que estas consideraciones serán planteadas al ministro Joaquín Jácome, porque "sí consideramos que el Código Minero debe ser reformado".
Según la consultora INDESA, la actividad minera aportó en el 2002 unos 72.1 millones de dólares, lo que representa el 0.6% del PIB. El año pasado, la actividad cayó 6% en relación con el 2001. Las cifras oficiales a agosto del 2002 mostraban que el sector emplea a mil 577 personas, "casi todas hombres".
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