Apoderarse de la planilla del Estado para favorecer a simpatizantes, familiares o allegados, no solo representa una infamia, sino que también refleja la calidad inhumana de quien lo apadrina. La ola de despidos que se observa desde la esfera gubernamental no tiene precedentes. Han desconocido años de servicio, conocimientos técnicos y fueros de maternidad. La carrera administrativa ha sido tan pisoteada que ya no existe. Funcionarios con más de una veintena de años de fiel cumplimiento de sus deberes, o con escasos meses para jubilarse, han sido vulgarmente cesados sin una razón justificada. Han barrido con miles de empleados públicos sin ninguna piedad. Lo peor es que, si estos despidos sirvieran para reducir el tamaño de la planilla oficial o para nombrar personal más capacitado, incluso se entendería. Pero, ¡no! Quienes los han reemplazado son peores, y su única carta de presentación es que vienen recomendados desde arriba. Un país en donde se utilizan estas artimañas está llamado al fracaso, ya que degrada a su mínima expresión a su principal recurso, que es la gente. Los autores "intelectuales" de esta brutalidad deberían confesarse, por la crueldad con que tratan a un pueblo que depende de sus quincenas.