El 15 de abril de 2003 será recordado por haber sido un día en que la libertad de expresión y el Estado de derecho conquistaron un peldaño en Panamá. Un viento refrescante de democracia provino de la heroica tierra santeña. Los tres magistrados del Tribunal Superior del IV Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, no se dejaron amedrentar por la presión del Ejecutivo, al declarar ilegal la detención preventiva contra cuatro periodistas de La Prensa. Honra esa determinación al sistema de justicia nacional. Es reconfortante saber que el derecho puede prevalecer, pese a tantos factores que conspiran en contra de la independencia judicial en nuestro país. Decía Montesquieu que el poder irá cada vez más lejos hasta que encuentre un límite. A lo que añadimos: ese límite no puede ser otro que el derecho.
Beneficia al país y a sus habitantes que, no obstante la politiquería que se ha enquistado en el poder judicial, haya magistrados que ejerzan su independencia de criterio. Ganó el Estado de derecho, lo que significa que el Estado está sometido al derecho. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión -estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es signataria Panamá- comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Es un precepto que los políticos criollos se niegan a asimilar, ya que para ellos la libertad de expresión y el periodismo les incomodan cuando los medios no son complacientes.