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Cartas y Comentarios
Herasto Reyes
hreyes@prensa.com
Aclaración de ministro
 El
Ministerio de Economía y Finanzas rechaza por falsa, irresponsable
y tendenciosa la noticia que, bajo el titular Deuda panameña
sube sin límites, publica el diario La Prensa en su edición
del jueves 3 de abril (sección Negocios) atribuyéndole
al gobierno de la presidenta, Mireya Moscoso, haber incrementado
la deuda pública en “mil 467 millones de dólares”.
La verdad irrebatible es que la deuda acumulada por
el actual gobierno desde septiembre de 1999, cuando asumió
la responsabilidad de dirigir el Estado, hasta febrero de 2003 (período
de referencia de la citada noticia) era de 976 millones de dólares,
suma muy inferior a la señalada por dicho artículo.
La información correcta es la siguiente:
Incrementos reales
Saldo real a septiembre de 1999 ---------------------------------
$7,751 millones
Disminución septiembre, 99 - diciembre 99
-------------------- ($57 millones)
Incremento diciembre, 99 - diciembre, 00 -------------------------
$38 millones
Incremento diciembre, 00 - diciembre, 01 -----------------------
$669 millones
Incremento diciembre, 01 - diciembre, 02 -----------------------
$120 millones
Subtotal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - $770 millones
Incremento diciembre, 02 - febrero, 03 ---------------------------
$206 millones
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - $976 millones
A septiembre de 1999, la deuda era de $7,751 millones. Para llegar
a esta cantidad, que irresponsablemente se le atribuye al actual
gobierno, habría que sumarle la deuda contraída por
el gobierno anterior, que incluye los $395 millones correspondientes
a los bonos de reconocimiento que fueron emitidos en agosto de 1999.
Por otra parte, cabe observar que el incremento reflejado
en el año 2003 corresponde a los recursos contratados en
la reapertura del bono global 2027 por $275 millones, que cubrirán
las amortizaciones programadas para el resto del año en curso
por el orden de $219 millones. Pero al mismo tiempo, a febrero de
este año se recibieron desembolsos, así como se realizaron
pagos a capital resultando en una amortización neta de deuda
por $69 millones, lo que arroja un incremento neto en febrero de
este año en curso por el orden de $206 millones. Lo anterior
indica claramente que este incremento es coyuntural, propio del
manejo dinámico de la deuda pública; esto no se puede
resumir en una simple operación aritmética.
Igualmente, resulta evidente el propósito
malintencionado de la noticia al observar que la gráfica
presentada no fue estructurada en base a una escala correcta, que
refleje el comportamiento real de la deuda, a fin de informar y
educar apropiadamente al público lector. A este respecto,
para mejor referencia, presentamos una gráfica a escala con
la misma información presentada en la noticia en cuestión.
“El Gobierno panameño ha continuado
reduciendo la magnitud de su deuda y mejorando su perfil mediante
un efectivo manejo de su deuda a través de varias operaciones
de conversión y recompra de deuda. Durante el 2002, el Ministerio
de Economía y Finanzas completó operaciones de manejo
de pasivos por un total de $488 millones, lo que produjo una reducción
neta de $89 millones en la deuda del sector público, además
de futuros ahorros (en el gasto público), al reducir los
pagos del sector público, además de futuros ahorros
(en el gasto público), al reducir los pagos por servicios
de la deuda -durante el 2002, las reducciones de deuda en el sector
público logradas mediante operaciones de recompra fueron
equivalentes al 38% del déficit fiscal.
“En ocasiones anteriores, Moody’s ha
reconocido explícitamente lo significativo del papel desempeñado
por el manejo de la deuda como factor de apoyo a la actual calificación
de Bal (para los papeles del Estado). Sin embargo, es importante
reconocer que hay un límite que se puede esperar en este
sentido. Desde nuestro punto de vista, es difícil contemplar
mejoras en la calificación solo basado en el manejo de la
deuda”.
Este manejo responsable ya ha significado cambios
importantes en la estructura y en el servicio de la deuda, los cuales
se reflejan en las proyecciones realizadas para el período
2003-2008, cuando los pagos bajarían de $1,309 millones promedio
de los últimos años hasta el 2002, a un promedio de
$1,152 millones anuales. Ello representará una disminución
de $157 millones anuales.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho
reiterados llamados a La Prensa, a través de los miembros
de su junta directiva, sobre lo que aparenta ser una campaña
de mala fe, dirigida a causar daño a la imagen del actual
gobierno y, como secuela, al país. En cada oportunidad hemos
acompañado las aclaraciones con pruebas, poniendo en evidencia
el sesgado y mal intencionado manejo de la información económica
y financiera estatal.
Sobre este mismo tema de la deuda pública,
enviamos nota a todos y cada uno de los miembros de la junta directiva
y al Consejo Editorial el pasado 21 de febrero de 2003, expresando
nuestra preocupación por la contumacia demostrada por ese
diario en el manejo de este tipo de información, lo cual
queda en evidencia con la noticia que motiva esta aclaración.
La mejor evidencia del manejo responsable por el
Gobierno de las finanzas públicas del Estado es la extraordinaria
acogida que tienen hoy día los valores (bonos, notas y letras)
emitidos por Panamá en el mercado local e internacional.
Sumado a esto, la estabilidad y fortaleza que reflejan hoy nuestros
bonos en el mercado secundario. Esa acogida no sería posible
si, como se suele publicar La Prensa, el actual gobierno estuviese
conduciendo el endeudamiento público hacia niveles insostenibles.
Todo lo que hace esta campaña irresponsable
es dañar el real potencial del país y también
restarle credibilidad a un periódico que se ha ganado un
lugar en la historia panameña gracias a su lucha por la democracia,
la libertad y la verdad.
Atentamente,
Norberto R. Delgado Durán
Ministro del MEF
Réplica
En la sección de Negocios del diario La Prensa,
en su entrega del día de hoy (1 de abril de 2003), y bajo
el infortunado título Ley de EU impone reglas a Panamá,
la periodista Mónica Palm, al redactar su noticia sobre la
celebración de la octava Conferencia Anual Internacional
sobre lavado de dinero que tuvo lugar la semana pasada en Miami,
estado de la Florida, Estados Unidos de América, y teniendo
como referencia su entrevista con dos de los panelistas en dicha
conferencia, reporta al lector común que existe una imposición
de Estados Unidos sobre nuestro país; que la Ley Patriota
de Estados Unidos elimina el “secreto bancario” y, pero
aún, que existe la posibilidad de que nuestro país
sea “des-certificado” si no coopera con Estados Unidos
y queda el dejo de amenaza, y abierta la posibilidad de una no cooperación.
Exponer la noticia sin tomar en cuenta otras consideraciones
evidentes y ampliamente conocidas, y hacerlo fuera del contexto
general donde ha logrado situarse nuestro país con respecto
a sus esfuerzos concretos para prevenir y combatir el blanqueo de
capitales y el financiamiento del terrorismo –que constituye
política de Estado–, es lamentable. Es lamentable,
pues noticias de este tipo, que a su vez son tomadas por legítimas
debido al medio donde las mismas son publicadas (el diario La Prensa),
trascienden las fronteras a través de la internet, y desgraciadamente
hacen honor a la actitud autodestructiva de algunos panameños,
en detrimento del país y de los esfuerzos de muchos para
mejorar las cosas.
En efecto –y como mejor prueba de lo indicado–,
bajo el título “Panamá con problemas de ser
des-certificada”, teniendo como fuente al diario La Prensa,
ha estado circulando la tergiversada noticia a través de
la internet en el servicio “Síntesis de Noticias de
Centroamérica”, edición No. 916, de la fecha,
de la empresa Americacentral.net.
Cabe destacar que 11 meses antes del 11 de septiembre
de 2001, ya la legislación panameña, dentro de la
tipificación del delito de blanqueo de capitales, estableció
sanciones a aquellas personas que reciban, depositen, negocien,
conviertan o transfieran dineros, títulos valores, bienes
u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades
relacionadas con actos de terrorismo. Panamá –y así
lo han reconocido las autoridades pertinentes de Estados Unidos
de América–, ha sido uno de los países que mayormente
ha contribuido con el país norteño en estos menesteres
desde un inicio, en una relación armónicamente recíproca.
No en balde, en el reciente Informe de Estrategia de Control Internacional
de Narcóticos del Departamento de Estado, se hace un extenso
despliegue y reconocimiento de todos los avances de nuestro país
en cuanto a la prevención y combate del blanqueo de capitales
y el financiamiento del terrorismo.
Finalmente, como es de su conocimiento, cabe aclarar
que nuestra legislación no contempla el concepto de “secreto
bancario”; lo que establece nuestra normativa bancaria es
la llamada “reserva bancaria”, es claro que tal reserva
solo lo es hasta que la información sea solicitada por la
autoridad competente de conformidad con la ley, sobre todo tratándose
de peticiones o procesos relacionados con el delito de blanqueo
de capitales, o actos de terrorismo.
Desde luego que siendo el tema política de
Estado, como ha quedado señalado atrás, la responsable
determinación de nuestras autoridades sigue vigente, con
miras a seguir adecuando nuestra legislación, y seguir perfeccionando
los mecanismos de prevención y combate del blanqueo de capitales
y el financiamiento del terrorismo.
Atentamente,
Delia Cárdenas
Superintendente de Bancos
Comentario del editor: La nota publicada por La Prensa
hace referencia al USA Patrot Act. Si esa ley –como indica la
nota– tiene efecto sobre Panamá y los panameños,
eso es una imposición. El reclamar la ausencia de factores
que nada tienen que ver con la noticia parece ser más un intento
por preescribir lo que los periodistas deben comunicar.
Restaurantes que incumplen deben ser denunciados
Estoy de acuerdo con que se le informe a la comunidad sobre cuáles
son los restaurantes y panaderías que no tienen la más
remota idea de lo que es higiene. Mi esposo y yo tenemos un negocio
en el que teníamos que darle servicio de plomería
a un restaurante de asiáticos, del cual no menciono el nombre,
pues ya lo cerraron. Esta gente, aunque tenía agua caliente
no la utilizaba, e igual que los restaurantes que han estado siendo
denunciados tenían sus cocinas que eran un asco. Desde entonces
mi esposo ha dejado de comer comida china. El Ministerio de Salud
debería investigar, también, si utilizan el agua caliente
para desinfectar los platos y cubiertos que utilizan.
En otra ocasión vi cómo una señora
china, ya mayor, limpiaba un plato con un trapo que estaba sucio,
para luego ir a servirle en él los alimentos a un señor
que esperaba en la mesa.
Creo que se debe actuar con muchísima más
firmeza y cerrarles los restaurantes si son reincidentes. Pero sí
se debe informar a la comunidad sobre cuáles son estos restaurantes,
pues debemos evitar acudir a ellos y enfermarnos posteriormente.
Iris de Lorentz
Le escribo para manifestarle que es importante que las autoridades
competentes den a conocer cuáles son los restaurantes y panaderías
que no cumplen con las medidas de higiene por varias razones:
1- Para que el público conozca cuáles
son los que no cumplen y cada quien decida si ir o no al mismo.
2- Para que los dueños de esos restaurantes
sepan que de no cumplir las normas de higiene, se ganarán
una reputación negativa que afectará su negocio y
se cuidarán de mantener una higiene impecable; de otra manera,
como muchas otras cosas en este país, no les importará
un pepino, y aun cuando paguen una multa, no les importará
porque saben que la gente continuará acudiendo a ellos, ya
que se desconoce su mal proceder.
René A. Jaén
Manifiestan inquietudes
Deseo manifestar mis inquietudes acerca del artículo
escrito por Víctor D. Torres y Rafael Pérez sobre
el tema titulado “Polémica por ampliación de
Parque de Coiba”, publicado hoy (ayer) en La Prensa, el cual
dedica más de una tercera parte a exponer las quejas de los
pescadores, sin mencionar las razones por las cuales entidades como
la ANAM, ANCON y científicos como mi persona estamos en favor
de la ampliación del parque. Si bien es cierto que hay limitaciones
de espacio, es evidente que los autores no hicieron ningún
intento de representar los dos puntos de vista, resultando un artículo
fuertemente desbalanceado que contribuye a la desinformación
de sus lectores.
Atentamente,
Todd Capson
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