Ley favorece a proxenetas
La globalización y la pobreza agravan la explotación sexual de las menores
SOFIA K. de KOSMAS
skosmas@prensa.com
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La ambigüedad de la ley sobre prostitución de menores propicia la impunidad de los explotadores.
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La ambigüedad legislativa favorece al explotador sexual y a los distintos sistemas que promueven la trata de personas.
Esta es la conclusión a la que llegó "Inocencias Mutiladas", un informe sobre la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes en Panamá realizado por la Red Nacional contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Según el Código Penal, "la sanción por la comisión de la prostitución será de 3 a 5 años de prisión en los siguientes casos: si la víctima es mujer de 12 años o varón que no haya cumplido 14". Si la persona que se prostituye es una niña menor de 12 años, la pena será agravada, establece el código. Sin embargo, las niñas de 12 años y más no reciben esta protección.
De esta manera, la ley permite un vacío legal que deja sin protección a esa población, "a diferencia de la sanción que se impone cuando el aprovechamiento de los terceros es sobre una persona adulta que ejerce la prostitución", afirmó el estudio.
El estudio analiza la información obtenida en una encuesta practicada a 412 niñas y adolescentes entre 11 y 19 años pertenecientes a 12 colegios oficiales y particulares en las provincias de Panamá, Coclé y Darién. El 73% de estas menores provienen de la provincia de Panamá.
Diez por ciento de las encuestadas dijeron conocer a niñas y a adolescentes de su colegio involucradas en la prostitución. Del total de las entrevistadas, 23% (296) consideró la prostitución como el intercambio sexual por dinero, mientras que 14% indicó que significaba tener sexo por dinero, porque sus padres o madres las obligan.
El documento revela que la prostitución comercial de niñas y adolescentes se dispara en Latinoamérica como resultado de la globalización y la agudización de la pobreza.
De hecho, los menores de 18 años se encuentran atrapados en la explotación comercial sexual.
En Panamá, el 53% de la población vive en la pobreza y 49% de este grupo lo representan personas menores de 18 años, desamparados por un sistema que carece de mecanismos "que garanticen la protección de la niñez y de la adolescencia", indica el informe.
Entre las causas del problema se citan la violencia en la familia, la discriminación contra la mujer, la falta de educación y la ausencia de políticas públicas que penalicen severamente la prostitución de menores.
Por otro lado, el Código de la Familia define la explotación como una forma de maltrato que constituye la quinta causa de divorcio.
En el estudio, los factores que propician y mantienen la explotación sexual de menores incluyen, como parte de las redes de esta explotación, a "los taxistas; dueños y/o administradores y/o empleados de bares; centros nocturnos; salas de masajes; pensiones; hoteles; casas de ocasión; empresarios y guías turísticos; policías". Los explotadores incluyen "los medios de comunicación, la pornografía, los cines y centros de videos pornográficos".
Los participantes del estudio solicitan agravar las sanciones cuando el sujeto de la prostitución sea un menor; atacar las redes de prostitución con leyes más severas; sensibilizar a la población; brindar más oportunidades laborales a las mujeres; crear campañas sobre la explotación sexual a través de medios de comunicación y censurar ciertos programas televisivos.
Este estudio contó con el apoyo del Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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